Cinco personas pasaron por el cargo de director de gestión del patrimonio estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) hasta encontrar al que favorezca a Sada Goray, mujer implicada en actos de corrupción en la gestión de Pedro Castillo.
Así lo declaró William de la Vega ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien se desempeñó como funcionario en la SBN y que estuvo en desacuerdo con beneficiar con 60 hectáreas en Chilca a la empresaria.
LA HISTORIA
De la Vega Villanes relató que recibió presiones de Cyntia Rudas (exsuperintendenta de la SBN) y Salatiel Marrufo (exjefe del gabinete de asesores de Vivienda) para firmar una resolución en la que se haría entrega de una propiedad del Estado por 60 hectáreas ubicada en Chilca, a favor de Marka Group, empresa de Sara Goray.
“Les dije que era imposible que firme la resolución porque no se ajustaba a la ley, habían dos sentencias”, contó.
Al negarse a firmar el documento, fue cesado del cargo y reemplazado (ver infografía).
Ninguno de sus predecesores firmaría la resolución hasta que llegó Marina Subiría, quien además encargó un informe técnico sobre las tierras en discusión a la abogada Flor Olivera, socia de Goray.
Con el documento a favor, la empresaria recibió el terreno.
MEDIDAS
El periodista Mauricio Fernandini fue citado, pero no asistió, mientras que el abogado de Marrufo alegó que su patrocinado no fue notificado.
Mientras que Goray envió un oficio en el que solicitó la reprogramación de la cita y pidió que sea virtual, porque se encuentra fuera del Perú.
Al respecto, Héctor Ventura, presidente del grupo de trabajo, recordó que si los implicados desisten de asistir a Fiscalización en tres ocasiones, existe la facultad para citarlos de grado o fuerza.
