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El ex congresista Kenji Fujimori Higuchi no irá a prisión, al menos por ahora, en el caso llamado “Mamani-audios”.
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El fallo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció al hijo del expresidnete a 4 años y 6 meses de prisión suspendida y 18 meses de inhabilitación de ejercicio público, entre otros.
Será la Sala Permanente de la Corte Suprema la que confirme, absuelta o modifique la resolución emitida ayer por la Sala que preside la magistra Inés Villa Bonilla. Es decir, la pena será efectiva cuando la sentencia quede firme o consentida.
La Sala Penal Pernamente de la Corte Suprema es presidida por el juez supremo César San Martín Castro, la última y definitiva instancia.
Este nuevo pronunciamiento ocurriría entre enero y febrero del próximo año, estimó anoche el abogado penalista Carlos Caro Coria.
El proceso judicial contra Kenji Fujimori Higuchi por presunta compra de votos parlamentarios comenzó en 2018. También involucra a los exlegisladores de Fuerza Popular Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, así como al asesor del despacho de Fujimori, Alexei Toledo Vallejos.
ACUSACIÓN
La Fiscalía postula que Fujimori y coacusados ofrecieron dádivas y beneficios a los congresistas Moisés Mamani, Carlos Ticlla y Modesto Figueroa a cambio de que vendan sus votos para salvar de una segura vacancia al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. La principal prueba material es un video en el que los acusados ofrecen proyectos públicos a Mamani y otros.
Los delitos, según la Fiscalía, son tráfico de influencias agravado y cohecho genérico, por lo cual solicitó 12 años de cárcel.
FALLO
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La Sala determinó que no se configura delito de cohecho genérico y absuelve a los acusados en ese extremo. En cuanto al delito de tráfico de influencias, el tribunal admite que hubo tal pero en su modalidad o rango inferior, por lo cual amerita -no una pena de 6 años y medio de prisión- solo 4 años y medio suspendida.
Según la Sala, el video presentado por la Fiscalía y la carpeta fiscal respectiva no especifican ni individualizan las obras públicas y proyectos de inversión que fueron ofrecidos por Fujimori, Ramírez, Bocángel y Toledo.
Otro elemento a favor de los acusados es que ninguno de ellos presentan antecedentes judiciales negativos.
