En el caso judicial conocido como “Vacunagate”, ocurrido en plena pandemia del coronavirus, la Primera Sala en lo Constitucional de Lima ratificó la inhabilitación por 10 años contra el expresidente Martín Vizcarra.
La inhabilitación impide al expresidente ejercer cargos públicos y fue aprobada por el Pleno del Congreso el 17 de abril de 2021.
El tribunal rechazó en segunda instancia la apelación de Vizcarra contra el fallo de primera instancia que, en su momento, declaró improcedente el recurso de amparo que interpuso en abril de 2021.
FUNDAMENTOS.
La resoluión desestima las alegaciones de la defensa del expresidente.
Resolvió que la inhabilitación impuesta por el Congreso es de carácter político y discrecional, por infracciones a la Constitución, esencialmente distinta del que dicta el Poder Judicial por delitos penales.
La defensa había sostenido que la inhabilitación no procedía porque no había ocurrido una condena penal dictada por un juez.
La sala tampoco acogió el argumento de parcialidad de los legisladores. Precisó que el Reglamento del Congreso no exige a los parlamentarios una imparcialidad similar a la de los jueces.
Según el colegiado, el Congreso definió debidamente la infracción constitucional: “El aprovechamiento indebido del cargo para acceder de manera irregular a la vacuna contra el SARS-CoV 2 y de esa manera inocularse y beneficiar a sus familiares directos”.
AL TC.
Vizcarra anunció en la red social X que ha apelado ante el Tribunal Constiltucional y, si es necesario, lo hará ante la Corte IDH. Dijo que pasados 3 años espera que el Poder Judicial culmine con el proceso. Y aseguró a sus partidarios que en el 2026 será candidato.
“Ahora le toca al TC y por último el pronunciamiento de la CIDH (...) las inhabilitaciones serán levantadas por ser de justicia, y podré postular el 2026, no tengan la menor duda”, comentó.
