No solo los aliados iniciales de la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, como el expresidente Pedro Castillo, buscan su excarcelación. Lo hacen también los aliados post primera vuelta como el excongresista Guillermo Bermejo.
El sentenciado por afiliación terrorista, cuyo partido político respalda hoy al postulante de Juntos por el Perú (JP), se juega su liberación tras una audiencia realizada hoy a las 8:00 a.m., de acuerdo a una resolución a la que accedió Correo.
Alianzas
En octubre de 2025, una sala judicial sentenció a Bermejo a 15 años de prisión tras encontrarlo culpable de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso.
Según la condena, el exlegislador, conocido como “Che”, “se desplazó a los campamentos terroristas de Huachinapata y Carrizal (VRAEM) con el propósito de recibir adoctrinamiento ideológico y político” (2008-2009).
“Se desplazó en varias oportunidades (…) a fin de sostener reuniones clandestinas con Víctor Quispe Palomino alias ‘José’ o ‘Martín’ o ‘Iván’, Jorge Quispe Palomino alias ‘Raúl’ y otros miembros del comité central de la organización terrorista Sendero Luminoso del VRAEM, circunstancias en las que recibió adoctrinamiento ideológico y político: así como adiestramiento de armas de fuego", acusó la Fiscalía en el juicio oral que concluyó en sentencia.
Debido a su condena, su abogado Ronald Atencio asumió la conducción del partido Voces del Pueblo. Aliado con Nuevo Perú, lanzó su candidatura presidencial.
Luego de fracasar en la primera vuelta, Atencio y Bermejo expresaron su “apoyo” a Sánchez. “La ruta constituyente nos une, la segunda reforma agraria nos hermana”, escribió el segundo.
Vía judicial
Correo accedió a la resolución judicial que agendó la audiencia, para este lunes 11 a las 8:00 a.m., así como a las razones expuestas por la defensa de Bermejo y la Fiscalía en torno a dicho trámite.
El exparlamentario, quien ingresó al Congreso en el 2021 de la mano de Perú Libre, pide ser excarcelado hasta que se resuelva la apelación de su condena.
Para ello, su defensa minimiza las reuniones, acreditadas en juicio oral, que sostuvo con remanentes senderistas en el VRAEM.
“La propia sentencia reconoce que no se le atribuye actos de violencia, atentados, uso de armas, ni participación directa en operaciones terroristas, sino a reuniones o contactos ocurridos entre el 2008 y 2009 en el VRAEM, sin haberse acreditado una afiliación formal, lo cual no constituye ‘gravedad extrema’”, indica.
Sin embargo, la Fiscalía advierte que la “pertenencia a una organización terrorista implica una adhesión a una estructura criminal que utiliza la violencia como método sistemático”.
Además, rechaza que la defensa asegure que “los hechos se encuadrarían en un plano de presunta vinculación ideológica o intelectual, cuya peligrosidad es abstracta”.
“La pertenencia a una organización terrorista no es un hecho neutro ni ideológico, sino una amenaza estructural que afecta directamente la paz pública y la seguridad de la sociedad y del Estado. La adhesión a esta estructura criminal tiene como fin la destrucción del orden constitucional, donde la amenaza estructural se ve reflejada cuando la pertenencia o afiliación fortalece la capacidad operativa, logística y simbólica de la organización, generando un riesgo permanente en la sociedad. El hecho que fue materia de condena sí representa un riesgo para la seguridad pública, entendiéndose que la finalidad del tipo penal es evitar la consolidación y expansión de organizaciones terroristas”, advierte la Fiscalía.
La decisión final será adoptada por los jueces de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.
Mira la audiencia judicial aquí:
