Hace 18 días la Policía Nacional del Perú eliminó en tiroteo al malhechor venezolano conocido como “Maldito Cris”, pero el aura maléfica del asesino de 24 años continúa perturbando la vida de los peruanos.
Al punto de generar un enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Policía Nacional por la incomprensible liberación de dos peligrosos hampones, secuaces del fascineroso abatido el 16 de junio.
El escándalo enloda al Ministerio Público, de donde partió la cuestionada decisión de poner en libertad a los criminales Alvin Daniel Vargas García, de 24 años, y Danny José Marcano Andrade, de 28.
Estos hampones custodiaban a “Maldito Cris” el viernes 16 de junio, y fueron capturados a tiros en posesión de armas de fuego y en delito flagrante.
La responsable de la decisión es la fiscal provisional María del Socorro Abad Tandazo, titular de la Fiscalía Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte.
Alvin Daniel Vargas García y Danny José Marcano Andrade volvieron a caminar por la ciudad el domingo 18 de junio.
Se había cumplido el plazo de 48 horas que el Código Procesal Penal vigente da a la policía para investigar a criminales peligrosos.
Ambos sicarios no esperaban sin duda semejante “milagro” y, sabedores que pronto serían recapturados, se esfumaron, virtualmente.
A CHILE.
Sin tiempo que perder, el malhechor Alvin Daniel Vargas García huyó a Chile, país en el que residió por algunos meses y dispone de “amigos” en el repelente mundillo del hampa, ha informado el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dinincri).
“Alvin [Vargas García] ha salido a Chile. Tenemos los indicios para sostener esta afirmación”, informó en RPP.
“El otro [José Marcano Andrade] que salió en libertad ha sacado todas sus cosas donde manifestó el arraigo que (había mostrado) ante el Ministerio Público y la Policía Nacional”, amplió.
Se desconoce si este hampón salió del territorio peruano.
“Nosotros hemos cumplido nuestro trabajo como Policía Nacional”, aseveró Arriola, en referencia a la versión de la fiscal María del Socorro Abad Tandazo, que pretendió culpar a la Policía Nacional de la indebida liberación de dos criminales en flagrancia.
“El informe final se envió 1 hora y 9 minutos antes de cumplir las 48 horas”, argumentó el general.
“La verificación se hizo en esas 48 horas, tan insuficientes que tenemos para investigar, pero que se cumple: pericias criminalísticas con reconocimientos fotográficos, reconocimientos físicos, interrogatorios que aterrizan en declaraciones con respecto a los derechos humanos, manifestaciones de testigos, agraviados”, aseveró.
El jefe de la Dinincri explica que la comunicación con el Ministerio Público, por disposición de la fiscal, fue virtual.
“Entonces - informa el general-, se realizaban diligencias donde no estaba presente la fiscal y se enviaba la manifestación, se enviaban las actas de reconocimientos, las pericias desde el sábado en la tarde/noche, el domingo mañana/tarde”.
Añade que la Dinincri envió el informe final, por vía virtual, “una hora y nueve minutos antes de que se cumplan las 48 horas”, concluyó, con lo cual pone en entredicho la versión de la fiscal del caso.
REMOCIÓN.
La crispación de la ciudadanía por el incremento de la delincuencia elevó los decibeles del escándalo.
Ayer, domingo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, formalizó vía el Diario Oficial El Peruano la remoción - que no destitución - de la cuestionada fiscal provisional María del Socorro Abad Tandazo.
“Dar por concluido el nombramiento de la abogada María Del Socorro Abad Tandazo como fiscal provincial provisional del distrito fiscal de Lima y su designación en el despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte”, precisa el decreto rubricado por la fiscal de la nación.
La resolución indica que la fiscal Abad no está exenta de investigaciones penales sobre su presunta responsabilidad.
El decreto añade: “sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen pendientes, por las quejas y denuncias que pudiesen encontrarse en trámite “.
La fiscal Abad fue designada en el cargo en junio de 2022. Se deduce del decreto que será removida del cargo para ser destinada en otra dependencia del Ministerio Público que no ha sido informado.
Diversas versiones en la redes sociales aseguran que Abad fue destituida del Ministerio Público, extremo que carece de veracidad.
Se conoce que el puesto que ocupaba María del Socorro Abad, pasará a cargo de la fiscal Natalia Alejandrina Casavilca Acarapi, quien deberá cumplir funciones desde su juramentación hasta el 30 de septiembre de 2023.
REACCIONES.
Se espera hoy, lunes, en el Congreso de la República reacciones entre las diversas bancadas.
El legislador Diego Bazán Calderón, de Avanza País, comentó al respecto:
“Fiscal que liberó a cómplices del Maldito Cris fue separada del cargo”.
A su juicio, habría presupuestos para iniciar investigaciones a la fiscal Abad por prevaricato.
“La fiscal de la nación - continuó- debería iniciar acciones que incluyan denuncia penal por prevaricato y omisión de funciones. Este caso tiene que terminar con cárcel para cómplices del homicida y para quienes les dan impunidad”.
Desde Fuerza Popular, la congresita Tania Ramírez García felicitó a la fiscal de la nación.
“¡Muy bien! Las decisiones hay que tomarlas y la @Fiscalía Perú la tomó”.
Agrega:”La doctora Patricia Benavides separó del cargo a la ex fiscal provisional que dejó en libertad a delincuentes cómplices de alias “maldito cris”.
Cabe precisar que la fiscal Abad no es al momento una “ex fiscal” puesto que no ha sido destituida del Ministerio Público: sigue siendo fiscal provisional.
El penalista Luis Herrera Romero, quien fue jefe de asesores del Ministerio del Interior, asegura que es tiempo de debatir la vigencia del actual modelo de Código Procesal Penal, vigente en el Perú hace 20 años.
En su opinión, “en la práctica protege al delincuente”, asevera en el portal Guik.
Propone corregir distintos aspectos que debilitan la acción del Estado, como devolver la conducción de la investigación criminal a la Policía Nacional, así como modificar los mecanismos de conclusión anticipada del proceso, fortalecer el proceso de flagrancia; y varias normas en materia penitenciaria.
