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Un proyecto de ley presentado por la congresista y ministra de Trabajo, Betssy Chávez (Perú Democrático), plantea que sentenciados por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar no pueden acceder a ocupar altos cargos en el Estado.
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“La presente ley tiene por objeto establecer impedimento al acceso a cargos como altos funcionarios del Estado a sentenciados en primera instancia por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes de grupo familiar, con el fin de garantizar la idoneidad de la función pública”, se indica en la iniciativa presentada por la parlamentaria.
Entre los puestos que no podrán ocupar los sentenciados se encuentran el de: ministro de Estado, viceministro, secretarios generales, asesores, procurador, integrantes de directorios, defensor del Pueblo, contralor, integrante de la Junta Nacional de Justicia, entre otros cargos.
“La idoneidad en un principio que el código de ética de la función pública señala como la actitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones”, se indica en los fundamentos de la propuesta.
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Respecto a la información con los datos de los agresores, en el proyecto se destaca que en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) se encontrará un banco de datos actualizado semanalmente con información que permita identificar a las víctimas y sus agresores. “Como instrumento de conocimiento adecuado para dirigir la acción tanto preventiva como investigadora por parte de los actores competentes”, se acota.
