La congresista Sigrid Bazán exigió al Ministerio del Interior (Mininter) que explique por qué se ha incrementado el resguardo del expresidente Alberto Fujimori.
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La congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú hizo uso de su cuenta de Twitter para criticar la decisión de aumentar el número de agentes policiales asignados al exmandatario después de su liberación del penal Barbadillo, donde estuvo encarcelado durante 16 años.
“Mientras la ciudadanía está indefensa ante la delincuencia, al criminal Alberto Fujimori le incrementan el resguardo policial. Según El Comercio, ahora cuenta con DIEZ efectivos. ¡Es el colmo! He solicitado al MININTER que nos informe sobre los motivos que sustentan esta decisión”, escribió la legisladora.
En el oficio presentado ante el ministerio dirigido por Víctor Torres, Bazán solicitó que se brinden argumentos sobre el aumento de policías que protegen a Fujimori, así como detalles sobre la modalidad y el costo de este resguardo para el presupuesto público.
“Reitero que pueda remitir a mi despacho un informa en el que se de cuenta del número de agentes policiales asignados a la seguridad del Sr. Fujimori, los motivos que justifican el incremento de policías al cuidado del Sr. Fujimori, la modalidad de este resguardo y el costo que esta protección policial supone para el presupuesto público”, sentencia en el documento.
Como se recuerda, el pasado 28 de febrero, la Policía Nacional del Perú (PNP) decidió aumentar el número de suboficiales encargados de proteger al expresidente Alberto Fujimori desde su liberación. Inicialmente asignados 6 efectivos, ahora son un total de 10, según información divulgada por el diario El Comercio.
Como se recuerda, el pasado 6 de diciembre, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) liberó a Alberto Fujimori después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara su inmediata excarcelación.
El exmandatario cumplía una condena de 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, pero fue liberado a pesar de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que instaba al Estado a abstenerse de ejecutar la medida.
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