Subcomisión: Acción Popular y Somos Perú salvan a la vicepresidenta Dina Boluarte

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra a un paso de que todas las denuncias constitucionales en su contra sean archivadas.

Y es que gracias a los votos de los congresistas de Acción Popular (AP) y Somos Perú (SP), ayer se aprobó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final que recomienda el archivo de los casos en los que se le involucra, como el haber realizado gestiones para el Club Apurímac cuando ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

DIVISIÓN

La decisión para salvar a Boluarte se aprobó con 13 votos a favor y ocho en contra (ver infografía).

No estuvo presente Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Rosío Torres (APP) solicitó licencia y Norma Yarrow (Avanza País) se inhibió por ser de la parte acusadora.

Esos tres votos podrían haber inclinado la balanza a 11, sin embargo, un voto más se podría haber obtenido de Hitler Saavedra (SP), lo que habría generado un empate y sería la presidenta del grupo quien tendría la decisión dirimente.

Curiosamente, el legislador Saavedra visitó el despacho de Boluarte antes de que esta deje la cartera del Midis.

Él asistió a su oficina el 24 de noviembre para una reunión que inició a las 9:37 a.m. y terminó a las 11:49 a.m.

DEBATE

Durante la sesión los congresistas adelantaban su postura. José Arriola (AP) preguntó cuál era el hecho punible que cometió Boluarte. “¿Cuál es el aprovechamiento indebido de cargo? ¿Cuál ha sido el perjuicio al Estado?”, cuestionó.

Su colega de bancada, Luis Aragón, consideró que las gestiones que realizó Boluarte no implican actos de gestión, sino de “formalización”.

Mientras que para congresistas como Patricia Juárez (FP), se ha demostrado que la vicepresidenta realizó gestiones a favor del Club Apurímac.

“El notario puso en conocimiento de la señora Boluarte antes de firmar, que podría existir una incompatabilidad en su participación”, destacó.

Además, Milagros Jaúregui (Renovación Popular) consideró que al votar a favor del informe se avalaría que todos los ministros puedan llamar directamente desde sus celulares a gobernadores y alcaldes para tramitar licencias. “Eso sería ilegal, el mensaje demuestra que el alto funcionario puede hacer lo que sea sin ninguna sanción”, sostuvo.

PROCESO

Cabe precisar que de acuerdo al Reglamento del Congreso, el informe tendrá que ser elevado a la Comisión Permanente (CP) para su debate y votación.

Al respecto, César Delgado Guembes, experto en derecho parlamentario, explicó a Correo que si en la CP se rechaza el informe, lo lógico sería que el documento retorne a la Subcomisión para la elaboración de uno nuevo.

Sin embargo, este escenario sería muy particular.

“¿Cómo obligas a quienes han conocido, investigado, debatido y votado en un sentido determinado a que hagan lo contrario?”, afirmó.

Por otro lado, el Reglamento establece que para interponer una nueva denuncia contra la vicepresiednta, este debe hacerse en un nuevo período anual de sesiones, es decir, en el 2023.

La cual tendrá que incluir nuevas pruebas.