El Tribunal Constitucional se encuentra a punto de emitir un fallo que marcará un hito en la jurisprudencia nacional. La presidenta del TC, Luz Pacheco, explicó durante una entrevista en Canal N los criterios legales que guiarán la deliberación del pleno antes de emitir el voto final sobre el caso del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
El pleno del tribunal ya escuchó los argumentos presentados tanto por la defensa de Cerrón como por la Procuraduría del Poder Judicial en audiencia pública. Tras ese debate, el expediente de hábeas corpus quedó listo para ser votado por los siete magistrados, sin que se haya fijado todavía una fecha para conocer el resultado.
La defensa del exgobernador regional de Junín busca anular tanto la orden de captura como la medida de prisión preventiva impuesta en su contra. La Procuraduría, en cambio, sostuvo durante la audiencia que existió un incumplimiento reiterado de resoluciones judiciales por parte del imputado.
Uno de los puntos centrales del debate giró en torno al argumento planteado por la defensa legar de Cerrón sobre el denominado derecho de resistencia a la opresión y la desobediencia civil. Pacheco reconoció que esos planteamientos deberán ser analizados dentro del expediente, aunque advirtió que el intercambio durante la audiencia fue revelador, pues cuando el magistrado Ochoa le preguntó directamente a la defensa si Cerrón era prófugo de la justicia, la respuesta fue que lo consideraban una víctima.
Sin embargo, la magistrada advirtió que el elemento medular sobre el que deberá pronunciarse el tribunal está en los fundamentos recogidos por las instancias judiciales previas. La titular del TC, señaló que los conceptos de peligro de fuga y obstrucción a la justicia son los que, por definición legal, delimitan el alcance de una prisión preventiva.
Sobre la celeridad con la que fue incorporado el caso al calendario del pleno, Pacheco ofreció una explicación institucional. Indicó que en diciembre pasado los siete integrantes del tribunal adoptaron un acuerdo colectivo para priorizar, antes del proceso electoral, todos los expedientes que pudieran incidir en la participación política de cualquier ciudadano.
La presidenta del TC subrayó que esa decisión no estuvo motivada por la identidad del solicitante ni respondió a ningún criterio particular. En esa línea, precisó que el expediente de Cerrón ingresó a esa agenda porque la teoría de su defensa plantea que la medida cuestionada afecta directamente su derecho a la postulación política.
Pacheco también aclaró que el tribunal ya había resuelto otros recursos de amparo con contenido electoral bajo ese mismo criterio previo. Añadió que la semana siguiente quedaba pendiente de revisión al menos otro caso con características similares.
Respecto a la filtración de un documento atribuido al caso, la magistrada ofreció detalles sobre cómo opera internamente el tribunal antes de cada audiencia. Al referirse a esos textos preliminares, Pacheco fue enfática en aclarar su naturaleza real dentro del proceso interno del tribunal, al sostener que “nunca son sentencias, son proyectos de la comisión”.
Explicó que antes de que los magistrados deliberen, una comisión de asesores jurisdiccionales especializados por materias prepara una propuesta escrita que sirve como punto de partida para el análisis. El magistrado ponente puede adoptar íntegramente esa propuesta, introducirle modificaciones o presentar un planteamiento completamente distinto tras la audiencia.
La presidenta también precisó que la identidad del magistrado encargado de redactar la ponencia permanece reservada hasta que la sentencia es publicada oficialmente. Agregó que las comisiones de asesores no están presididas por ningún magistrado sino por el jefe de gabinete del tribunal.
Frente a las declaraciones del congresista Alejandro Cavero, quien calificó la actuación del TC como un pago de favores en alusión al rol de Perú Libre en la elección de los magistrados, Pacheco respondió con firmeza. La magistrada rechazó esa interpretación y señaló que en todos los países con tribunal constitucional es el Parlamento el encargado de elegir a sus integrantes, y que en esta ocasión además hubo un concurso de méritos, el primero en la historia del Perú para ese proceso.
Al referirse a su conducta personal durante esa elección, Pacheco desmintió cualquier gestión política para obtener respaldo de los legisladores. Asimismo, añadió que numerosos congresistas han presentado recursos ante el tribunal y que la mayoría fueron declarados improcedentes o infundados.
“Jamás hablé con ninguno de los miembros de las bancadas para pedirles su voto”, explicó.
Con esa referencia, descartó cualquier vínculo de dependencia institucional frente al Congreso. La magistrada reafirmó que su único compromiso es con la Constitución y con el país, y no con la instancia que la eligió.
Sobre el caso de Ollanta Humala
Al ser consultada sobre si el fallo podría replicarse en el caso de Ollanta Humala, tal como lo sugirió el propio Cerrón en redes sociales, la magistrada fue prudente pero clara. Sobre este caso, expresó que cada hábeas corpus es de naturaleza individual y que solo se convierte en pauta orientadora cuando los hechos y los derechos en juego son esencialmente equivalentes.
“Yo la verdad no voté a favor del caso de Keiko Fujimori, pero cada caso en Hábeas Corpus sobre todo es individual. Sí es una un criterio, no ha habido no es precedente y si es similar donde había el mismo derecho, perdona, en la mismo hechos tiene que haber el mismo derecho”, indicó.
Finalmente, Pacheco advirtió que cualquier decisión que adopte el pleno en este expediente tendrá una proyección más allá del caso concreto. Al ser interrogada sobre si el pronunciamiento generará un precedente, la magistrada respondió que era algo inevitable dado el perfil del caso, al sostener que “indudablemente va a marcar”, y que precisamente por eso el tribunal debía estudiarlo con rigor y sin apresuramientos.
