El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, continúa perfilándose como el favorito para ser contrincante de su homóloga de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta del 7 de junio próximo.
Ayer, al cierre de esta edición, Sánchez seguía segundo y se distanciaba del tercer lugar de Rafael López Aliaga por 24,707 votos. No obstante, la provechosa postulación de JP bien pudo no darse, pues el también exministro de Comercio Exterior y Turismo fue salvado a último momento, apenas un mes antes, del juicio oral por el caso del golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.
Ese proceso penal, culminó en diversas sentencias condenatorias e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
Golpe de suerte
Fue en julio del 2024 cuando el juez Juan Carlos Checkley rechazó una solicitud de Sánchez para archivar el caso en su contra por el golpe de Estado. El magistrado indicó que no era posible evaluar los elementos presentados por la Fiscalía en dicha instancia. Por ello, negó el pedido.
Meses después, en noviembre del mismo año, Checkley aceptó la acusación fiscal que comprendía a Sánchez y otros siete procesados, y emitió el auto de enjuiciamiento. La instalación del juicio oral iniciaría cuatro meses después.
Sin embargo, en enero del 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, liderada por el ahora retirado juez César San Martín, le concedió a Sánchez una apelación contra la negativa previa de Checkley y lo excluyó del proceso.
La Fiscalía pedía 25 años de prisión y una inhabilitación de dos años y seis meses para ejercer cargos públicos contra el legislador y tenía importantes elementos que ahora caben recordar.
¿Casualidades?
La acusación reunía una serie de elementos de convicción contra el hoy congresista de JP. La Fiscalía le imputó presunta rebelión tras asegurar que el entonces ministro no solo conocía las intenciones de Castillo, sino que formó parte del plan que orquestó el golpe de Estado.
Un día antes de que el gobierno castillista intentara tomar el poder, “Sánchez ingresó a las instalaciones del Palacio de Gobierno a las 11:54 horas hasta las 19:03 horas, lugar en el que se desarrollaron una serie de reuniones previas”.
Entre los encuentros, “se registró una reunión entre Luis Mendieta, jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Presidencial; y Manuel Coronado, secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú”.
“(Dicha) central sindical tuvo participación activa en los eventos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que, en horas de la mañana, Pedro Castillo dispuso el ingreso de manifestantes a la plaza mayor, pedido que fue gestionado a través de Betssy Chávez; en dichas circunstancias Roberto Sánchez se encontraba con Luis Mendieta en su oficina”, detalló la Fiscalía.
El Ministerio Público precisa que el mismo 7 de diciembre, “en horas de la mañana, se reunieron al interior del despacho presidencial de Palacio” el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez, el exministro Willy Huerta (Interior), el jefe de Gabinete de Asesores, Aníbal Torres, y Roberto Sánchez.
El objetivo fue “acordar ilícitamente disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú”. Horas después, “luego de la emisión del mensaje de la nación, Sánchez Palomino ingresó al despacho presidencial (y) saludó al expresidente Castillo”.
“En señal de conformidad, le dio la mano e indicó ‘por el país’”, destacó el despacho fiscal en alusión a las declaraciones del exministro Huerta, quien ratificó tanto en la Fiscalía como en el Congreso escucharle dicha frase al entonces procesado.
La acusación que Sánchez no llegó a enfrentar en juicio también sostenía que este realizó dos llamadas, una a las 12:11 p.m. y otra seis minutos después. La primera estuvo dirigida a “Gissela Magariño (productora radial) a fin de difundir el mensaje del expresidente”, mientras que la segunda estuvo orientada al periodista Sergio Sanabria.
“Esto se condice con lo manifestado por el propio coacusado, quien señaló ‘me retiro, recojo mi celular y me apersoné a la oficina del Señor Mendieta, quien también se encontraba molesto y (en) desacuerdo, ya que no teníamos conocimiento y estábamos en desacuerdo total sobre el cierre del congreso. Permanecí un espacio de dos minutos aproximadamente y me retire al Congreso, y de inmediato publiqué mi renuncia irrevocable ante el Twitter’”, añade.
Sin embargo, esta versión llamaría la atención del Ministerio Público, pues “del reporte del registro de visitas del Palacio de Gobierno se verifica que Sánchez abandonó el despacho presidencial a las 12:34 horas, y renunció al cargo de ministro de estado a las 12:44 horas”.
Fueron más de cuarenta minutos, en promedio, los que el entonces ministro de Comercio y Exterior tardó en renunciar, pues Castillo inició la lectura de su mensaje al promediar las 11:41 a.m.
Lo hizo después de nueve de sus pares: Alejandro Salas, de Trabajo, (11:59), Cesar Landa, el canciller (12:06), Kurt Burneo, de Economía y Finanzas (12:07); Félix Chero, de Justicia (12:11), Richard Tineo, de Transportes y Comunicaciones (12:24); Wilbert Rozas, de Ambiente (12:29); Heidy Juárez, de Mujer y Poblaciones Vulnerables (12:32); Rosendo Serna, de Educación (12:36); y Silvana Robles, de Cultura (12:43).
Según relataría Sánchez al pleno del Congreso cuando enfrentó una suspensión en sus funciones como parlamentario, no tuvo acceso a un teléfono móvil hasta ese momento.
Es decir, una renuncia que pudo ser inmediata, vía, por ejemplo, un tuit, tardó casi una hora, porque ¿Sánchez no tenía el celular en la mano? ¿O fue porque no esperaba la total reacción en contra que el hecho produjo?
En esa misma sesión del Parlamento, del 22 de marzo del 2023, Sánchez calificó como “extrema” la decisión del entonces mandatario, al que después se uniría en beneficio de su candidatura presidencial, y llamó a que “afronte” la responsabilidad.
