Un enorme trabajo tendrá la Fiscalía de la Nación en este nuevo periodo que inicia Delia Espinoza. Y es que son 11 las investigaciones que pesan en contra de congresistas acusados de recortarle, descaradamente, el sueldo a sus propios trabajadores.
Estos “mochasueldos” pertenecen a distintas tiendas políticas y podrían tener el mismo destino del excongresista Michael Urtecho, que el viernes fue condenado a 22 años y 5 meses de cárcel por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.
La semana que termina, precisamente, creció el caso de María Agüero, a quien la Fiscalía le allanó su oficina y viviendas como parte de la investigación. A la de Perú Libre, hasta cuatro trabajadores la han acusado ante el Ministerio Público.
Implicados
La primera legisladora en haber sido denunciada por “mochasueldo” en este periodo 2021-2026 fue Magaly Ruiz (APP). Ella fue denunciada el 5 de marzo de 2023 por recortarle el sueldo a sus trabajadores. La Comisión de Ética la multó con 30 días sin sueldo y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) envió su caso al archivo. En febrero, Ética la blindó por segunda vez.
Lo último que se supo fue que el suboficial PNP William Paz, que resguarda a la legisladora, habría recibido hasta tres depósitos por gastos de gasolina del dinero que se recortaba a los empleados de Ruiz, según Punto Final.
Otra es Rosio Torres (APP). El 2 de abril del 2023, fue denunciada por “mochasueldo”. También fue protegida por Ética, aunque la Fiscalía presentó una denuncia constitucional.
En setiembre, un colaborador de la Fiscalía reveló que la parlamentaria lo presionó para que niegue ante las autoridades que sufrió recortes salariales, a cambio de conservar su puesto de trabajo, según Contracorriente.
En el caso de Katy Ugarte (Bloque Magisterial), la historia es distinta. A ella el pleno terminó suspendiéndola por 30 días por los mismos cargos. Intentaron reducirle la sanción a una amonestación, como suele plantearse, pero no tuvo éxito.
Heidy Juárez (Podemos) también está comprendida en este penoso ránking. Ella buscó ante el Poder Judicial que el caso se archive, pero ayer dicho poder del Estado declaró infundada la solicitud. Se conoció que las autoridades le levantaron el secreto bancario.
No se salva en esta lista ni el expresidente del Congreso Alejandro Soto (APP), quien es investigado por el Ministerio Público. En febrero del 2024 se declaró “compleja” la investigación preliminar en su contra.
José Arriola (AP) sería otro “mochasueldo”. Por lo pronto, la Fiscalía allanó su oficina del Congreso y encontró documentos comprometedores.
Entre tanto, Jorge Flores Ancachi (Podemos) fue suspendido por 30 días en el pleno. En mayo último, se presentó una denuncia constitucional en su contra.
Los congresista Raúl Doroteo (AP) y Edgar Tello (Podemos) también son investigados por el Ministerio Público por concusión. Al primero, la Fiscalía allanó su despacho en abril de este año y al segundo, esa instancia lo denunció constitucionalmente.
De todos ellos, la No Agrupada María Cordero es la única suspendida por 120 días. Además, se levantó el fuero para que la investigación pase a la fase preparatoria.
