Gran malestar y zozobra ha generado el anunciado incremento de los peajes, en la zona norte de la capital, a cargo de la concesionaria Rutas de Lima.

En ese contexto, el Tribunal Constitucional (TC) escuchó los alegatos de las partes en la demanda de hábeas corpus interpuesta por el  ciudadano y abogado Ramón Pairazaman, vecino del distrito de Puente Piedra, en contra de la existencia del peaje que se encuentra en su jurisdicción. El recurso va contra Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Ayer se llevó a cabo una audiencia pública en el TC para abordar dicha problemática. Participaron todas las partes implicadas, entre ellas, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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Alertas

La demanda tiene como contexto que Rutas de Lima anunció que el alza de peajes, de S/6,50 a S/7,50, se llevará a cabo a partir del martes 30 del presente mes. El incremento, explicó, se debe a la inversión suscitada en las obras de intercambio vial, valorizada en S/2 mil millones; al mantenimiento de garitas, entre otros.

En la audiencia de ayer, el alcalde Rafael López Aliaga, a favor de eliminar los cobros en mención, advirtió que podrían suscitarse eventuales aumentos en los costos de los peajes hasta llegar a los 17 soles.

“Empezó con 2.11 soles y luego pasó a 6.50 soles. Ahora está pasando a los 7.50 soles y se va (a incrementar), por lo menos, a los 17 soles. Esto no lo para nadie porque está en el contrato”, señaló ante el magistrado Pedro Hernández Chávez, miembro del TC que dirigió la audiencia.

En la convocatoria también estuvo una representante de la Defensoría del Pueblo, la abogada Elizabeth Zea. Esta institución, hoy presidida por Josué Gutiérrez, ya había alertado de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos en el marco de este proceso. En octubre del año pasado, realizó una supervisión en el peaje de Puente Piedra (sentido de norte a sur) y otras zonas aledañas.

Según la Defensoría, las garitas han dividido al distrito de Puente Piedra en dos zonas: norte y sur; por ello, los residentes de esta última área deben pagar obligatoriamente el peaje para acceder “al único hospital de nivel 2 del distrito, los colegios más emblemáticos y los dos 2 mercados mayoristas (Huamantanga y Tres Regiones)”, todos ubicados en la zona contraria.

Similar situación atraviesan las unidades de seguridad ciudadana y recolección de residuos sólidos, quienes también “deben pagar para cumplir con la prestación de un servicio público” en beneficio de los vecinos de la zona sur.

“No se han identificado rutas alternas al peaje Chillón (sentido de norte a sur) porque no hay condiciones de accesibilidad para la población”, detalló la entidad. Explicó, en este contexto, que  los cobros no solo “intensifican las brechas económicas y sociales, sino que también restringen derechos básicos y el acceso a diversos servicios públicos”, pues el 72% de los hogares en Puente Piedra, según el INEI, cuentan con ingresos similares o por debajo del sueldo mínimo vital (S/ 1.025 soles).

Debate

Todas las partes implicadas en este proceso apuntan a objetivos diferentes. El recurso de hábeas corpus contra Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), presentado por el letrado Ramón Pairazaman, busca “el retiro de las casetas del peaje en Puente Piedra”.

El abogado argumentó en la sesión del TC que “se vulnera el derecho al libre tránsito”. Además, hizo hincapié en que la demanda no pretende atentar contra el contrato entre la comuna y la compañía en mención.

“No estamos yendo contra del contrato, lo que estamos viendo es que en esa zona sí se vulneran los derechos. El petitorio es claro: si se vulneran los derechos, que se retiren las casetas”, afirmó.

Del lado contrario, la concesionaria sugiere la construcción de una vía alterna que satisfaga los intereses de los ciudadanos del distrito limeño.

La propuesta, sin embargo, no ha sido bien recibida ni por el denunciante ni por la MML. El primero explicó ante el TC que, si bien se tienen cuatro rutas alternas identificadas, atravesar dos de ellas conlleva más de cuatro y dos horas respectivamente.

El burgomaestre de Lima, a su vez, pide que el cobro de estas tarifas retornen a la administración de la comuna, es decir, a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape).

“El petitorio retrotrae al estado anterior, a la violación de derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual implica que el Tribunal Constitucional ordene a la MML la administración de todo el peaje, eliminando el cobro a los vecinos de las zonas afectadas”, indicó López Aliaga.

En otro momento, recordó la cuestionable gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por presunta corrupción. A ello, añadió que “ningún inversionista honesto viene a un país donde está Odebrecht u otras empresas criminales”.

En esa línea, subrayó que el acuerdo vigente y las eventuales modificaciones se dieron para beneficiar a Rutas de Lima. “Lo peor es que facturó S/120 millones hasta el año 2022, pero con este incremento que quieren hacer van a ser S/140 millones y las inversiones no llegan”, aseveró.

A su turno, la defensa legal de la empresa señaló que, “a nivel arbitral, existen dos laudos que indican que no hay indicios de corrupción en las concesiones” a la concesionaria.

También se discutió que el contrato prevé, “de manera muy conceptual y amplia”, la denominada “fuga de peajes”, es decir, la posibilidad de una salida alterna.

En ese sentido, representantes de la MML detallaron que “cualquier acción u omisión de cualquier autoridad gubernamental, que implique una afectación a la recaudación de este concesionario se califica de esa manera. Incluso para mantenimiento, construcción o ampliación n de cualquier vía que atraviese la carretera Panamericana. Por ello, la municipalidad se encuentra impedida de realizar rutas alternas, de lo contrario nos van a demandar vía arbitraje”, se expuso.

Al término de la audiencia, el magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández Chávez, comunicó que este caso se someterá al voto. “Me queda claro que no se está cuestionando el contrato. Se está cuestionando los efectos del contrato”, manifestó.

El alcalde Rafael López Aliaga también brindó más declaraciones a su salida de las instalaciones. En diálogo con los medios de comunicación, dijo que los vecinos de Puente Piedra no deberían pagar un costo diferenciado de los no residentes del distrito, sino que el cobro debe anularse por completo.