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El Tribunal Constitucional declaró infundada una denuncia de inconstitucionalidad planteada por los Colegios de Abogados de Sullana y Cajamarca en contra de la Ley 30604, Ley de Reforma Constitucional y contra la ley 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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“Este fallo refuerza la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia y otorga legitimidad y confianza ciudadana al control de los actos de jueces y fiscales”, dijo el procurador público de la Junta Nacional de Justicia, Marlo Tello Ponce.
La demanda presentada por los dos Colegios de Abogados señalados pretendía que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 30904, Ley de Reforma Constitucional, y de la ley 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
Así, planteaba que se declaren inconstitucionales los extremos de las disposiciones referidas al proceso de ratificación y al mecanismo de evaluación parcial del desempeño de jueces y fiscales, que fueron incorporadas al artículo 154.2 de la Constitución.
La Procuraduría Pública de la JNJ, dentro de sus funciones, participó en este proceso, con la sustentación los informes orales y escritos, que los magistrados tomaron en cuenta en sus decisiones.
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