El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible la demanda de competencia presentada por el gobierno de Dina Boluarte contra el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La demanda cuestionaba los procesos judiciales en curso contra presidentes en ejercicio, pero fue rechazada por un error técnico cometido por los abogados del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con la normativa vigente, cualquier demanda que provenga de la presidencia de la República debe contar con la aprobación previa del Consejo de Ministros.
En este caso, el TC observó que, aunque la mandataria designó al presidente del Consejo de Ministros para que interpusiera una demanda de inconstitucionalidad, no se otorgó la autorización expresa requerida para presentar una demanda competencial.
Este error técnico fue suficiente para que el TC decidiera rechazar la demanda, indicando que, para que esta fuera válida, debía haberse cumplido con el procedimiento establecido.
En respuesta a este fallo, el TC le otorgó al Ejecutivo un plazo máximo de cinco días para corregir el error. Si no se subsana dentro de ese plazo, la demanda será archivada de manera definitiva.
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