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El vocero de la Fiscalía de la Nación, Víctor Cubas, estimó que la situación jurídica del expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por las vacunaciones irregulares contra el COVID-19, caso conocido como el ‘Vacunagate’, se resolvería en un plazo máximo de 90 días.
En Canal N, explicó que cuando se trata de altos funcionarios, la investigación preliminar es competencia de la Fiscalía de la Nación, tras lo cual –si se determina que hay indicios razonables de la comisión de un delito, se presenta una denuncia constitucional ante el Congreso.
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Seguidamente, en ese poder del Estado el caso pasa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de allí a la Comisión Permanente. De aprobarse la denuncia en esa instancia, el pleno deberá decidir si aprueba o no el informe final acusatorio.
De recibir el visto bueno de la representación nacional, seguidamente, el expediente regresará al despacho de la Fiscalía de la Nación, que formalizará la continuación de la investigación preparatoria en un plazo de 5 días y derivará los autos al fiscal supremo a cargo del caso.
Al mismo tiempo, el Poder Judicial deberá coordinar con la Fiscalía de la Nación la designación del juez de investigación preparatoria y a los jueces supremos que compondrán la sala penal de juzgamiento.
“Si el Congreso realmente cumpliera su función y abandonara la forma de actuación que ha tenido en el caso del señor (César) Hinostroza, en el caso del señor (Edgar) Alarcón y de los miembros del CNM y se ponen a trabajar realmente con ánimo de sancionar estos graves actos que afectan la vida de la nación, podría estar en un plazo promedio de un mes decidiendo la autorización de procesamiento y se correría traslado al Poder Judicial y la fiscalía para que continúe el trámite procesal”, expresó.
Cubas estimó que si bien la investigación preliminar puede durar 60 días, si las diligencias concluyen antes del tiempo previsto y se formula la denuncia constitucional, dependerá del propio Congreso de la República la agilización del caso.
“Una vez que concluya la Fiscalía que podría hacer un trabajo en un promedio de 20 o 25 días, si se hace la denuncia constitucional y el Congreso se pone a trabajar para decidir la situación de si hay o no procesamiento -como estos son hechos muy graves y están plenamente admitidos va a haber procesamiento de todas maneras-, en el ámbito de la administración de justicia podría estar en un plazo no mayor de 90 días resolviéndose la situación jurídica de los procesados, llegándose al momento de determinar si se condena o absuelve”, subrayó.
“Yo considero que puede hacerse tranquilamente en tres meses”, añadió Cubas. Vizcarra Cornejo, Mazzetti y Astete podrían ser acusados de los presuntos delitos de concusión y aprovechamiento indebido del cargo, cuyas penas llegan hasta los ocho años de prisión.
El último lunes la Fiscalía de la Nación confirmó el inició de diligencias preliminares contra el expresidente por su vacunación contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm, en octubre del año pasado.
Según informó a través de su cuenta en Twitter, la indagación será por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
La Fiscalía recibirá las declaraciones indagatorias de Vizcarra, su esposa, Maribel Díaz Cabello; el doctor Germán Málaga, responsable de los ensayos clínicos de Fase III de la vacuna; y los exministros de Salud, Pilar Mazzetti, y Relaciones Exteriores, Mario López, así como del ex titular del Gabinete, Walter Martos.
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