Fiscalía pide prisión efectiva para Vladimir Cerrón

Vladimir Cerrón dijo que se debe decidir la realización de una Asamblea Constituyente en las urnas. (Foto: archivo GEC)

Actualizado el 31/07/2021, 02:53 p.m.

La fiscal anticorrupción de Junín, Bonnie Bautista, pidió ayer al Poder Judicial variar la pena de prisión suspendida de cuatro años que pesa sobre el presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a efectiva por no haber pagado la totalidad de su reparación civil por el delito de negociación incompatible.

Sin embargo, en la Corte Suprema esta pendiente de revisar un recurso presentado en ese mismo sentido por la Fiscalía Suprema.

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El pedido lo alcanzó al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo. Asimismo, solicitó incluir a Cerrón, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y tráfico de influencias, en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

Caso. La representante del Ministerio Público aceptó el pedido de la procuradora anticorrupción Nora Flores de incorporar a Cerrón en las indagaciones al haber participado, presuntamente, en dicha organización valiéndose de su cargo de gobernador regional de Junín, entre enero y agosto del 2019, y después como presidente de PL.

Según el documento fiscal, Cerrón siempre supo de las actividades ilegales que se desarrollaban en las oficinas y en otras zonas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín (DRTC), donde la organización tramitaba -irregularmente- licencias de conducir a cambio de pagos, que fueron utilizados para financiar la campaña política de PL.

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De acuerdo con la resolución a la que Correo tuvo acceso, cuando Cerrón fue gobernador, habría colocado en la dirección a personal de confianza y otros que, además, eran allegados a su agrupación política para someterlos a “órdenes e instrucciones”.

“(Él) tenía pleno conocimiento respecto a las presuntas actividades ilícitas a las que se dedicaba dicha organización, posición privilegiada desde la cual no solo se habría financiado la campaña del partido, sino que además se habría exigido a los trabajadores contratados bajo la modalidad CAS los aportes voluntarios para solventar el pago de reparación civil de 850 mil soles”, reza el documento, sustentándose en lo dicho por los aspirantes a colaboradores eficaces.

En otro momento, uno de ellos, identificado con el número 04-2021, reveló que Cerrón -en junio del 2019- solicitó que se apoye en la emisión de licencia de conducir a la fiscal Sharon Romaní Aquino, quien “pese a no acercarse a dar sus exámenes se le aprobó”. El hecho genera reveladores indicios debido a que en ese mismo año Romaní intervenía en la investigación por lavados de activos que se seguía contra el secretario de PL.

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