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Vladimir Cerrón, secretario general y líder del Partido Perú Libre, sería uno de los primeros afectados de un proyecto de ley presentado por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien busca cambiar la Ley de Organizaciones Políticas a fin de evitar que sentenciados por corrupción-en primera instancia- ocupen cargos directivos dentro de los partidos políticos.
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Cabe destacar que el exgobernador regional de Junín fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por ser responsable de los delitos de aprovechamiento del cargo y negociación incompatible por una obra de saneamiento en La Oroya.
INICIATIVA
La iniciativa busca modificar el artículo 11-A de la citada norma, donde se detalla que la inscripción de una organización política se suspende “si cuentan con personas con sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por delito de corrupción de funcionarios ejerciendo cargos en los órganos de gobierno y/o directivos”.
De acuerdo con el parlamentario, el proyecto evitará que el dinero que entrega al Estado a los partidos políticos no caiga en manos de personas con malos antecedentes y los recursos no tengan un mal uso.
“De esta manera, se previene que la corrupción de las máximas autoridades de un partido político se proyecte hacia las autoridades públicas electas por esta organización. Asimismo, se previene que la corrupción afecte los recursos públicos que el Estado destina a los partidos políticos a través del financiamiento público directo”, se alega en el proyecto de ley.
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Para Muñante, la propuesta genera un alto bienestar social toda vez que tiene como fin prevenir y erradicar la corrupción dentro de los partidos políticos, “que son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático”.
Además del Cerrón, la presidenta del partido Somos Perú, Patricia Li, también tiene una condena por el delito de peculado, el cual cometió durante su gestión como alcaldesa de Punta Negra (2003-2006), según ratificó la Corte Suprema en el 2011.
Para el especialista en temas legislativos, César Aliaga, la norma actual previene la corrupción dentro del Estado, estableciendo que los condenados por corrupción no puedan postular a cargos públicos ni ejercerlos con el fin de cautelar el patrimonio del Estado y garantizar una buena administración. Sin embargo, aún falta ampliarlo a los partidos políticos.
“La ley todavía no previene la corrupción respecto a la fuente de donde provienen dichos candidatos, autoridades y funcionarios, es decir, los partidos políticos. Por tanto, por lógica jurídica, si un corrupto no puede postular ni ejercer función pública, entonces, tampoco puede ser presidente ni directivo de un partido”, explicó a Correo el especialista.
