El Poder Judicial (PJ) restituyó la condena de cuatro años de pena suspendida impuesta al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el delito de negociación incompatible, debido a irregularidades en la licitación de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya”.
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Según información de El Comercio, la Primera Sala Constitucional de Lima dispuso revocar parcialmente el hábeas corpus que había sido otorgado en primera instancia al exgobernador regional de Junín. Esto anuló la condena impuesta en 2019 y ordenó un nuevo pronunciamiento sobre el proceso judicial.
En agosto de 2023, el juez del Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, John Paredes Salas, emitió una resolución favorable al exfuncionario, argumentando que en el proceso judicial que condujo a su condena se habían vulnerado sus derechos.
Sin embargo, el Tribunal Superior determinó que las sentencias de primera y segunda instancia aplicadas contra Cerrón Rojas estaban adecuadamente fundamentadas y justificadas.
La resolución, fechada el 25 de octubre y notificada a las partes el 15 de marzo de 2024, fue impugnada por la defensa del líder prófugo de Perú Libre (PL).
El 26 de marzo, la defensa presentó un recurso de agravio constitucional con la intención de que el caso sea remitido al Tribunal Constitucional (TC).
El juez Paredes favoreció a Cerrón en el proceso de demanda constitucional al declarar nula la resolución del 18 de octubre de 2019 emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, la cual confirmaba la condena impuesta al prófugo exfuncionario, pero la variaba de efectiva a suspendida. También suspendió la resolución del Quinto Juzgado Penal Unipersonal del 5 de agosto de 2019, que condenaba a Vladimir Cerrón a cuatro años y ocho meses de cárcel, ordenando un nuevo pronunciamiento de fondo sobre la sentencia.
La Procuraduría del Poder Judicial, que apeló dicha decisión, cuestionó que el juez Paredes Salas, sin dar razones, señalara que la sentencia de primera instancia y la sentencia de la Corte Suprema que declaró improcedente el recurso de casación de Cerrón, debían declararse nulas.
Además, la Procuraduría advirtió que “en forma parcializada y de oficio”, el juez identificó la existencia de actos lesivos en la resolución del 4 de noviembre de 2020, emitida en la Casación No 2236- 2020 Junín, a pesar de que el demandante nunca señaló por qué razones era inconstitucional.
El procurador señaló que durante el proceso ordinario y el recurso de apelación, Cerrón no objetó la falta de correspondencia entre la acusación y la sentencia condenatoria.
Fue en el recurso de hábeas corpus donde el médico cirujano cuestionó que se le haya condenado por hechos no incluidos en la acusación de la fiscalía, argumentos que fueron aceptados por el juez constitucional.
En marzo de 2022, la Corte Suprema confirmó la sentencia contra Vladimir Cerrón al rechazar un recurso de la fiscalía para aumentar la condena, lo que resultó en una pena suspendida impuesta por la Sala de Junín el 18 de octubre de 2019, la cual varió la sentencia previa de cuatro años y ocho meses de cárcel dictada el 5 de agosto de 2019.
Asimismo, se confirmó la inhabilitación para ejercer cargo público por un año y el pago solidario de S/850 mil por reparación civil.
