El último viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por Lady Camones (APP), aprobó recomendar que se acuse constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo y al exministro de Defensa Walter Ayala por el caso de presuntos ascensos irregulares en las Fuerza Aérea del Perú (FAP), el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP).
El caso
Según el informe de la SAC al que accedió Correo, Ayala actuó como intermediario para el cobro de coimas destinadas a Castillo, que iba a ejecutar los ascensos de la PNP.
Así, el informe sindica al exministro de Defensa de haber ofrecido a los entonces coroneles PNP Nicasio Zapata Súclupe y Manuel Jesús Rivera interceder ante Castillo para favorecerlos en el proceso de ascensos del 2021, “a cambio de beneficios económicos equivalentes a la suma de $20.000 por cada coronel ascendido”.
Asimismo, se le atribuye a Ayala el delito de cohecho activo genérico por entregar personalmente dinero al expresidente Pedro Castillo Terrones tras recibirlo de los coroneles PNP involucrados.
No obstante, el informe también recomienda archivar el presunto delito de organización criminal, “dado que no se ha acreditado la existencia de una estructura criminal paralela distinta a la estatal y porque los delitos fin atribuidos a su persona poseen marcos punitivos que no satisfacen el estándar de gravedad exigido”.
En el caso de los coroneles PNP Jorge Castillo Vargas, Fredy Del Carpio León, Edward Espinoza López, Max García Esquivel, Enrique Goycochea Chunga, Eginardo Pérez Chávez, Roger Pérez Figueroa y Pedro Villanueva Nole, el intermediario habría sido el suboficial PNP Jorge Tarrillo Gálvez, ex escolta presidencial.
Injerencia
Por otra parte, el informe también recomienda acusar a Castillo Terrones por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.
El documento sostiene que habría instrumentalizado su cargo para favorecer los intereses de oficiales. En el Ejército, habría intercedido directamente, y a través de Walter Ayala y Bruno Pacheco, para beneficiar con el ascenso a diversos coroneles.
En la FAP, habría realizado gestiones similares en favor de los oficiales Edgar Briceño Carnero, Carlos Castillo Ruiz y Herbert Vilca Vargas.
“Habría querido materializar su objetivo realizando las gestiones pertinentes sobre el comandante general de la FAP, Jorge Chaparro Pinto. No obstante, al no lograr los ascensos deseados, decidió removerlo de su puesto (...) sin motivo razonable”, cita el documento.
El informe propone el levantamiento del fuero de los acusados para que el Ministerio Público “proceda conforme a sus atribuciones respecto a los delitos funcionales identificados”.
