Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, pidió al Poder Judicial que revoque la resolución que dispone la incorporación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria que afronta, junto a otros implicados, por el caso denominado Los Waykis en la Sombra.
Por medio de su defensa legal, Nicanor Boluarte interpuso un recurso de apelación contra la resolución emitida el 4 de diciembre de 2025 por el juez Richard Concepción Carhuancho, mediante la cual se declaró fundado el pedido de la defensa jurídica del Estado para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en esta investigación preparatoria.
De la misma manera, la defensa legal del exdirector general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Jorge Ortiz, interpuso un recurso de apelación para que se deje sin efecto la resolución emitida por el referido magistrado en dicho caso.
Ante ello, el juez Richard Concepción Carhuancho resolvió el pasado 12 de enero “conceder” los recursos de apelación y remitirlos a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, de admitirlos a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual con la participación de las partes procesales involucradas para evaluarlos y emitir una decisión final sobre estas impugnaciones en los próximos días.
Cabe indicar que la resolución emitida por el juez Concepción Carhuancho, y que es materia de estas apelaciones, faculta a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a solicitar y acceder al eventual pago de una reparación civil a favor del Estado, en caso los investigados sean hallados culpables de los cargos formulados por la Fiscalía en este proceso penal.
La defensa legal del Estado incluyó en su solicitud para constituirse como actor civil una propuesta inicial para que Nicanor Boluarte y sus coinvestigados asuman, de manera solidaria, el pago de S/14 550 000.00 (catorce millones quinientos cincuenta mil soles) por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano, en el marco de este caso.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, “Los Waykis en la Sombra” sería una presunta organización criminal que habría reclutado a personas afines a sus intereses para ubicarlas en cargos clave de entidades del Estado, como prefecturas y subprefecturas a nivel nacional, con el objetivo de recolectar fichas de afiliación y obtener aportes económicos destinados a la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones.
