La Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional de la Procuraduría General del Estado, solicitó a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, que suspenda el procedimiento de la pesca industrial en áreas naturales protegidas.
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Así lo anunció Luis Alberto Huerta, procurador especializado, quien ejerce la defensa de dicha prohibición. “Actualmente existe un proceso de acción popular en trámite ante el Poder Judicial, donde se cuestiona la prohibición de pesca industrial, en áreas naturales protegidas. En primera instancia, la demanda presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería, fue desestimada, por el Poder Judicial que determinó que la prohibición no era ilegal; es decir, que resultaba compatible con la Ley de Áreas Naturales Protegidas”, señaló.
La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), también presentó una denuncia ante el organismo regulador, reiterando la prohibición y por la demora, considerarla una barrera burocrática.
“Fuimos informados de la denuncia ante Indecopi por la Procuraduría del Ministerio de la Producción y, luego de revisarla detenidamente, hemos visto que se alega lo mismo que la demanda ante el Poder Judicial, es decir, que la prohibición de pesca industrial en áreas naturales protegidas sería ilegal y carente de razonabilidad. Por ello, hemos solicitado que se suspenda dicho procedimiento administrativo, hasta que la Corte Suprema del Poder Judicial, se pronuncie en última y definitiva instancia”, indicó.
Las procuradurías de los ministerios de Ambiente, de la Producción, y de la Especializada en Materia Constitucional, vienen realizando coordinaciones para garantizar una defensa jurídica del Estado.
PJ rechazó demanda
El 1 de junio último el Poder Judicial rechazó la demanda de acción popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), a través de la cual pretendía anular la prohibición de efectuar pesca industrial en las áreas naturales protegidas.
La determinación fue emitida por la Segunda Sala en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima. La SNP a través de dicha demanda contra el Estado peruano, buscaba que se anule una directiva referida al aprovechamiento de recursos naturales ubicados en áreas naturales protegidas.
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