El Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) inhabilitó a Telefónica del Perú para contratar con el Estado por un periodo de 36 meses.
En un hecho de importancia, la empresa comunicó de la sanción a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
En el reporte, Telefónica señaló que la medida no tiene los fundamentos adecuados que la sustente por lo que evalúa acciones legales para cuestionar la decisión.
Al respecto, según fuentes del sector telecomunicaciones, la empresa presentó una acción de amparo mediante la cual pide una medida cautelar para revertir la medida del OSCE.
Ministerio. Las mismas fuentes señalaron a Correo que el origen de la sanción está relacionada con una de las personas involucradas en un proyecto que se ejecutaba para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
La persona involucrada consignó información falsa sobre sus grados académicos, que tras conocerse el caso, la empresa la despidió y la denunció penalmente.
Según las fuentes, el servicio brindado al Ministerio de Trabajo se ejecutó al 100%, sin la participación de la referida persona y el servicio fue ejecutado cumpliendo con todos los requisitos, recibiendo la conformidad en la entrega.
“Ese hecho lamentable no causó ningún perjuicio al Estado”, precisaron.
Nuevos. En un breve comunicado, la empresa precisó que la decisión del OSCE no afecta los compromisos asumidos por Telefónica en los contratos que tiene celebrados con diversas entidades públicas.
“La empresa debe continuar cumpliendo sus compromisos bajo las mismas condiciones”, precisaron.
La filial peruana de Telefónica de España es una de las principales proveedoras del Estado peruano.
