Nuestro medio se acercó a la comisaría del distrito de Chala, donde conversamos con el comisario, mayor PNP José Alberto Gutiérrez del Carpio, sobre la situación de la inseguridad ciudadana en el distrito. Durante dicha entrevista, y al tener conocimiento de que dos efectivos actualmente investigados por hechos ocurridos en el distrito de Huanuhuanu venían laborando en esta dependencia, se formuló la consulta correspondiente.
Al consultar sobre el caso ocurrido en el distrito de Huanuhuanu (Caravelí), en el cual dos efectivos policiales son investigados tras una denuncia presentada por una joven, precisándose que se trata de hechos materia de investigación, y si era cierto que ambos efectivos actualmente prestaban servicios en la comisaría de Chala.
El comisario señaló que tomó conocimiento del caso al asumir funciones en la dependencia, revisó la documentación existente y realizó las verificaciones respectivas, indicando que el tema se encuentra en investigación tanto en el ámbito penal como administrativo, en instancias como Inspectoría de la PNP y el Ministerio Público.
Detalló que, en su momento, los efectivos involucrados fueron separados temporalmente del servicio y destacados a la ciudad de Camaná por un periodo aproximado de 15 días, mientras se realizaban las primeras diligencias, precisando que, una vez vencido dicho plazo, retornaron a laborar, aclarando que estas disposiciones no dependen del comisario, sino de instancias superiores dentro de la institución policial.
Indicó además que el PAR PNP Huanuhuanu depende funcional y administrativamente de Chala, señalando que disponer el retorno de los efectivos a dicha jurisdicción hubiese significado “redundar en lo mismo”, motivo por el cual se optó por mantenerlos destacados en la comisaría de Chala.
El comisario confirmó que actualmente los efectivos identificados con las iniciales R. C. C. y J. C. S. L. realizan labores de patrullaje integrado, precisando que uno de ellos cubre de manera temporal funciones en el área de investigaciones, debido al déficit de personal, tras la salida por vacaciones de otro efectivo.
Ante la consulta sobre la posible desconfianza que podría generar en la población el hecho de que efectivos investigados realicen funciones visibles, el comisario manifestó que comprende dicha preocupación; sin embargo, explicó que mientras no exista una resolución judicial firme, no se les puede privar del derecho al trabajo, añadiendo que la dependencia policial atraviesa un déficit de personal que obliga a asumir dobles y hasta triples funciones.
HECHOS MATERIA DE DENUNCIA (SEGÚN DOCUMENTACIÓN)
De acuerdo con el acta de denuncia verbal recepcionada por la Policía Nacional y puesta en conocimiento del Ministerio Público, la ciudadana N. C. B. (18) manifestó que la noche del 28 de noviembre de 2025, en el anexo San Juan de Pozo, distrito de Huanuhuanu, fue intervenida en el interior del local nocturno “Bar Dorado” por dos efectivos policiales y un sereno, bajo el argumento de un control de identidad y teléfonos celulares.
Según su relato consignado en el acta, uno de los efectivos le habría indicado que su teléfono celular figuraba como “recuperado” en el sistema, motivo por el cual refiere que fue trasladada al PAR PNP Huanuhuanu en un vehículo de serenazgo.
La denunciante señala que, ya en una de las oficinas del local policial, uno de los efectivos habría realizado actos que ella describe como tocamientos indebidos e insinuaciones, los mismos que afirma haber rechazado y repelido, logrando posteriormente comunicarse con su padre y reencontrarse con su hermana y su cuñado dentro de la dependencia policial.
Asimismo, según la versión de la denunciante, se habría solicitado una suma de dinero y, tras la entrega de un monto por parte de un familiar, se le devolvió el teléfono celular, retirándose del lugar junto a sus familiares aproximadamente a la 1:00 a. m. del 29 de noviembre de 2025.
Conforme a la documentación revisada, los efectivos R. C. C. y J. C. S. L. se encuentran plenamente identificados dentro de la investigación, la cual se halla en conocimiento del Ministerio Público, a cargo del fiscal provincial Marcos Camacho Ccora y de la fiscal provincial Madeleine Virginia Córdova Iriarte, quienes vienen disponiendo las diligencias de ley correspondientes.





