La Defensoría del Pueblo realizó diversas inspecciones en los albergues y centros. (FOTO: Difusión)
La Defensoría del Pueblo realizó diversas inspecciones en los albergues y centros. (FOTO: Difusión)

De acuerdo a la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer, en el país existen no menos de 242 Centros de Acogida Residencial (CAR) y dan atención a por lo menos 5 mil niños y adolescentes que no cuentan con hogar o cuidadores aptos. Sin embargo, según registros, este total no es sino la tercera parte de lo que realmente hace falta, si de dar asistencia a menores en situación de desprotección se requiere.

La ausencia de espacios o lugares apropiados para atender a estas personas se evidencia aún más cuando se revela que en algunos de estos locales hay ambientes administrativos que son usados para que los niños y adolescentes duerman.

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Un ejemplo de esto es lo que evidenció la Asociación Sinergia por la Infancia en febrero de este año, cuando denunció que esto sucedía en oficinas del Ministerio de la Mujer. A la falta de supervisión, se suma la escasa preparación de los cuidadores que trabajan en centros privados y donde se han reportado incidencias delicadas y hasta abusos. En mayo de este año, se registró el ataque sexual contra un pequeño de 7 años en un albergue de Arequipa, problema que se sumó a una lista de situaciones delicadas que se habían reportado anteriormente en otros establecimientos.

Desde entonces, la Defensoría del Pueblo emprendió la tarea de vigilancia y verificación de estos locales. Precisamente, en este marco, se evaluaron esta semana 19 CAR en la región y se constató una serie de deficiencias, como la sobrepoblación de niñas, niños y adolescentes; insuficiente atención de los cuidadores y el consiguiente riesgo emocional y físico de los albergados.

Para colmo, tampoco cuentan con el número suficiente de psicólogos para la asistencia emocional de los menores.

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PROBLEMAS FRECUENTES.

Otra deficiencia encontrada es que, del total de residentes en CAR de tipo básico, el 8 % no continúan con sus estudios básicos, y en el caso de los CAR especializados, el 40 % de residentes no estudian, lo que evidencia una grave vulneración del derecho de educación.

Lo grave es que solo 3, de los 19 locales visitados son administrados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el resto son privados.

Un dato importante es que en lo que va del año, el Ministerio de la Mujer ha supervisado 157 centros de acogida residencial y las principales observaciones están en torno a la infraestructura o personal. No tienen equipo profesional completo (abogados, tutores cuidadores, trabajadores o trabajadoras sociales, psicólogos; o en algunos casos, estos son intermitentes). La norma especifica que debe haber un tutor o tutora por cada 8 niños, pero eso no sucede en todos los CAR. Además, los trabajadores deben contar con especializaciones según los perfiles de los menores a los que van a atender. No es lo mismo albergar a un menor que ha estado viviendo en la calle, que a uno que ha sido víctima de violencia familiar o que está enfermo.

La Defensoría del Pueblo también verificó que no todas las Defensorías del Niño y Adolescentes (DEMUNAS) operan como se debe. Hizo un llamado al MIMP para que preste atención a estas necesidades.

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