Uno de los dilemas que más preocupan a los encargados del proceso de vacunación contra el coronavirus es que no todos los pobladores están dispuestos a vacunarse; a pesar que esto signifique un grave riesgo para la población mundial. Este punto fue uno de los temas que se tocó en el conversatorio: “Desafíos éticos en la vacunación COVID-19, desarrollado por la Universidad Católica San Pablo”.
Francisca Reyes Arellano, experta en bioética, indicó que no existen razones éticas obligar a una persona a vacunarse sino que son los mismos individuos que deben tomar la decisión de hacerlo ya que la vacuna sirve para proteger a las personas que se encuentran a su alrededor.
Por su parte María de los Ríos Uriarte, experta en bioética clínica, acotó que las vacunas representan un bien social, y debemos valorarlas como tal. No son el fin de la covid-19, pero sí de las afecciones severas y consecuencias lamentables.
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Otro de los inconvenientes presentados en este proceso es la desigualdad entre los países desarrollados y los países pobres, así como los escándalos de corrupción como el “Vacunagate” en el caso de Perú. Esto ha sentado un precedente de que la vacunación debe darse de modo técnico y no con fines políticos.
El escándalo con la vacunación en nuestro país salió a la luz cuando se descubrió que el expresidente, Martín Vizcarra y otros personajes, entre ellos la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, el investigador a cargo del ensayo clínico, Germán Málaga, aprovecharon las dosis de ensayo para inmunizarse antes del inicio formal de este proceso y que el resto de los peruanos.
De los Ríos explicó que la inequidad económica fue mitigada por la iniciativa Covax, colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19. Fueron 37 países beneficiados, entre ellos el Perú con 1.7 millones de dosis. “Lo que los países grandes se dieron cuenta es que nadie se salva solo”, dijo.