Reaparecen eternos dirigentes de Arequipa para las elecciones

Hace unos días se debió elegir a los representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional de Arequipa (CCR), cuya función principal es formar parte del proceso de toma de decisiones respecto al Plan Anual, Presupuesto Participativo, Plan de Desarrollo Regional y otros. Es decir, los proyectos que favorecerán directamente a la ciudadanía.

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En la elección se presentaron dos listas y, por primera vez en los últimos 18 años (desde la época de gestión de Juan Manuel Guillén Benavides), las votaciones quedaron empatadas. Los rostros de los eternos dirigentes sociales, que año tras año se presentan a estos procesos, como Felipe Domínguez, Humberto Olaechea Guillén, estaban desencajados. Al parecer, subestimaron la participación de sus allegados y no asistieron los suficientes para emitir su voto.

Sin embargo, está nueva elección no debió prosperar y dejó en claro una característica ampliamente usada y admitida por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), al permitir la participación de dirigentes que, habiendo intervenido en sus consejos provinciales, vuelven a la carga y se presentan en la regional. Algo que prohíbe expresamente la Ley.

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En tanto, el GRA se hace el desentendido y desconoce los reglamentos para admitir –como siempre- a expertos dirigentes que por años dicen vigilar el presupuesto de la ciudadanía, pero que, durante todo ese tiempo, lo único que hicieron fue cargar en hombros a los gobernadores de Arequipa y de allí su apelativo por el que fueron ampliamente conocidos: “Los cargadores del Gobierno Regional de Arequipa”.

Fraude

Guido Llerena Silva, actual miembro de la “Asamblea de delegados y delegadas de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional”, explicó que la postulación de la Lista 1, integrada por José Manuel Valencia Rivera, Justo Boni Tuero Romero, Dora Cahuantico Casa, Humberto Olaechea Guillén y Madeleine Vicela Méndez Flores de López, es fraudulenta, por lo que presentó un escrito impugnando el proceso electoral del pasado 17 de diciembre de 2021.

Conforme a la normatividad especial referente a la Participación de la Sociedad Civil en el Consejo de Coordinación Regional y, Local Provincial y Distrital, son de Orden Público estas prohibiciones:

1) Acreditarse simultáneamente a nivel provincial y regional una organización o componente de ella – Art. Nº 11-A literal “b” in fine de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales [”Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel provincial y regional];

2) Que una organización de nivel distrital participe en el Consejo de Coordinación Regional – Art. Nº 11-A literal “b” primer párrafo de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales [”Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente… por los delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel regional y provincial, según corresponda…”], y;

3) Acreditarse simultáneamente a nivel distrital y provincia una organización o componente de ella – Art. Nº 98 in fine de la Ley Nº 27971 - Ley Orgánica de Municipalidades [”No está permitido que una organización de nivel distrital participe en el Consejo de Coordinación Provincial”].

Los hechos

La Lista 1 estaba constituida por la organización “Consejo regional de integración y desarrollo de la micro y pequeña empresa de Arequipa”, representada por el señor José Manuel Valencia Rivera.

Esta organización que pretende postular a nivel regional, se encuentra actualmente acreditada a nivel provincial, para el periodo 2021-2022, conforme se desprende la Resolución de Alcaldía No. 192-2021-MPA, donde Valencia Rivera es integrante.

Para mayor evidencia, la Resolución de Alcaldía No. 194-2019-MPA confirma que esta misma organización se encuentra registrada desde el año 2019 y demuestra que su representante participa a nivel provincial. Aquí la norma es clara: “Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel provincial y regional”.

Más cuestionamientos

Otro cuestionamiento de la Lista 1 fue que, dos de sus organizaciones integrantes participarían a nivel distrital en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Tal como se puede verificar en la información pública que brinda el portal web de la municipalidad, las organizaciones: “Asociación de Talleres Micro Empresarios de Arequipa-ATAMICRAR” y “Asociación Granjas de Animales Mayores y Afines-Apymes” y su representante, Justo Boni Tuero Romero, se encuentran acreditados en el proceso de Presupuesto Participativo de Cerro Colorado para el año 2021. Tuero Romero también integra la lista al CCR.

Este hecho contraviene la norma que señala expresamente que “no está permitido que una organización de nivel distrital participe en el Consejo de Coordinación Provincial y Regional”.

Como tercer cuestionamiento, el Gobierno Regional del Arequipa incumple sus funciones de fiscalización, pues debió advertir la vigencia del impedimento de José Manuel Valencia Rivera y de Justo Boni Tuero Romero en el presente espacio de participación ciudadana. Pero, como era de esperarse, nunca lo hizo.

La sentencia

Valencia Rivera mantiene una sentencia de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y, en consecuencia, el impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público (sentencia de vista de fecha 2 de julio del año 2019 número 90-2019/00640-2012-81).

Este hecho debió merecer especial atención del Gobierno Regional de Arequipa, pues esta misma entidad autoridad autorizó al Procurador Público iniciar las acciones legales contra Valencia Rivera a fin de recuperar la suma de 27 mil 606.88 soles.

Por todos estos cuestionamientos al margen de la Ley, Llerena Silva espera que por fin el GRA cumpla su función que le corresponde y anule las elecciones del CCR. Además, dijo que esta situación debe llamar la atención de la ciudadanía y organismos supervisores, ya que, en esta elección de 5 representantes de la Sociedad Civil, es fraudulenta y, lo que es peor, a vista y paciencia de la autoridad que debería fiscalizar.

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