El exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica ya cumple su sentencia de 6 años en el penal de Socabaya, por el delito de colusión agravada, por el caso de la compra innecesaria de 232 butacas por la suma de 21 mil 460 soles para el coliseo municipal La Montera en Chivay.
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La condena de Cáceres Llica quedó consentida el 28 de junio del 2024, luego que los jueces Fernán Fernández Ceballos, Sandra Lazo de la Vega Velarde y Jaime Coaguila Valdivia, de la segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, ratificaron la sentencia de primera instancia, a 6 años de pena (en su momento se dijo que fueron 7 años por error del juzgado).
En ese sentido, la exautoridad cumple condena desde el 31 de octubre del 2023, fecha en que el titular del Juzgado Unipersonal Supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios Eddy Leva Cascamayta emitió la sentencia en primera instancia, por coludirse con la proveedora Antonia Magaly Lara para comprar las butacas, cuando se desempeñaba como alcalde de la provincia de Caylloma, entre el 2011 y 2014.
Asimismo, se ratificó la condena de 4 años de pena suspendida y la inhabilitación para no trabajar en instituciones públicas, por el mismo plazo de 4 años para su entonces personal de confianza, Favio Almanza Almanza, José Figueroa Huanqui y Angtonia Magaly Lara (proveedora), luego que aceptaron sus delitos y se acogieron a la conclusión anticipada.
De este proceso quedaron libres los extrabajadores Guillermo Valcárcel Valdivia y Eddy Callo Álvarez, por falta de evidencias de su participación en el delito de colusión.
El titular del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, Arturo Valencia, señaló que por esta sentencia, el exgobernador no podrá salir del Penal de Socabaya.
Sin embargo, pese a esa sentencia, fue necesario solicitar la ampliación de prisión preventiva por 6 meses por el caso de Los hijos del cóndor, por tratarse de otro proceso, el mismo que seguirá todas sus etapas para garantizar el debido proceso.
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