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A la condición de prófugo ha pasado el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, Eliseo Rori Mautino Ángeles, para quien se ha dictado 12 meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada por el caso ciclovías.
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El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huaraz, coronel PNP José Santillán Pérez, dijo a la prensa local que tras conocerse la medida coercitiva se estaban realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero del burgomaestre ya que la Policía lo buscó en la sede de la municipalidad y en su vivienda, pero no lo encontraron.
“Estamos haciendo las diligencias respectivas para dar con la ubicación de esta person. Hemos estado haciendo vigilancia en la municipalidad, en su domicilio, pero hasta el momento no hay resultados positivos, vamos a emitir alerta con Inteligencia a todas las comisarías para que estén atentas a cualquier ómnibus y puedan identificarlo y lograr su captura”, manifestó.
Durante el domingo, los agentes policiales se desplegaron en diversos puntos de Huaraz para buscar a la prófuga autoridad edil, pero hasta el cierre de nuestra edición no había sido ubicado.
El caso
Como informamos en la víspera, La Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash, a cargo del magistrado Jorge Luis Temple Temple, logró que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN) revoque la comparecencia restringida que tenía el burgomaestre y ordene su prisión preventiva, así como la del subgerente de Transportes y presidente del comité de selección, Andrés Alfredo Inga Sánchez; el gerente de Desarrollo Urbano y miembro del comité de selección, Walter Edmundo Revilla Cancán; el especialista en contrataciones del Estado, Wilson Eder Sosa Pisfil, y el empresario Jhon Stevens Mejía Morales, por el delito de colusión agravada por el caso “ciclovías”, en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Huaraz.
En agosto del año pasado, la Contraloría General de la República emitió un informe sobre la contratación del servicio de implementación del sistema de transporte sostenible no motorizado (ciclovías) con un presupuesto de S/ 417 465,69 y que se proyectaba ejecutar en la avenida Pedro Pablo Villón entre las avenidas Mariscal Toribio de Luzuriaga y Agustín Gamarra, en la capital de Áncash.
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La entidad fiscalizadora detectó que la comuna proyectó la ejecución de la ciclovía en la avenida Villón, a pesar de que el expediente técnico de reconstrucción de la citada avenida consideraba la demolición de todo el pavimentado existente, posibilitando la pérdida de la inversión efectuada.
Además, el expediente técnico aprobado no acreditaba el sustento de las encuestas realizadas para determinar la red del ciclista en avenidas con alto tránsito vehicular, posibilitando afectación al tránsito vehicular y a la población
El informe fue elaborado por la Gerencia Regional de Control de Áncash y comunicado al alcalde provincial Rori Mautino Ángeles el 9 de agosto del año pasado para que se tomen las medidas preventivas y correctivas que correspondan, lo cual nunca ocurrió.
