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Hasta el momento, ningún candidato al Gobierno Regional de Áncash (GRA) ha presentado la Declaración Jurada de Intereses (DJI) ante la Contraloría General de la República. El plazo vence el viernes 2 de setiembre del presente año.
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Según el avance de registro en el sistema DJI en la plataforma web www. https://tutieneselcontrol.contraloria.gob.pe, ninguno de los 8 candidatos habilitados para postular a gobernador regional cumple con esta exigencia y pasa lo mismo con los candidatos a vicegobernadores. Además, de los 196 postulantes a consejeros regionales solo 13 presentaron sus informes.
De igual manera, apenas 19 de los 126 candidatos a alcaldes provinciales cumplieron con presentar su DJI; 85 de los 648 candidatos a alcaldes distritales, 83 de 972 a regidores provinciales y 292 de 3334 a regidores distritales.
En el Santa
En la provincia del Santa, solo 3 de los 15 candidatos habilitados como candidatos a la comuna provincial presentaron su DJI; y de los 189 candidatos a regidores solo cumplieron 23.
En el caso de Nuevo Chimbote, 3 de 13 candidatos registraron su DJI.
Los candidatos a la alcaldía distrital de Samanco, Nepeña y Moro tampoco registraron la información.
Lo mismo ocurre con los candidatos a las alcaldías provinciales de Casma, Huarmey, Aija, Asunción, Carlos Fermín Fitzcarrald, Ocros y Recuay.
El nivel de cumplimiento a nivel regional alcanza el 9% de los candidatos habilitados, ya que solo 536 de los 5489 los candidatos reportados como habilitados en Áncash por el Jurado Nacional de Elecciones ha cumplido esta obligación.
La ciudadanía puede acceder a https://tutieneselcontrol.contraloria.gob.pe/avance-dji-candidatos.html para ver en tiempo real cómo va la presentación de DJI a nivel nacional, instrumento que brinda mayores elementos a la ciudadanía para un voto informado.
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Objetivo
Para la Contraloría, el cumplimiento de este compromiso contribuirá a la transparencia e información ciudadana por parte de quienes pretenden ser elegidos para ocupar cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores, ya que deberán informar sobre sus vínculos personales, familiares, económicos, laborales y financieros, con el fin de evitar conflictos de intereses que pudieran afectar el desempeño de las posibles autoridades.
