La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash registró un perjuicio económico de S/ 294,796 como consecuencia de la entrega de vales o cupones de consumo para adquirir alimentos a favor de 230 trabajadores, entre funcionarios y personal administrativo nombrado y contratado bajo la modalidad CAS, aun cuando no se contaba con presupuesto ni opinión técnico legal.
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Esta irregular situación fue detectada por la Contraloría, que determinó que 16 funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
En el marco del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, la Diresa otorgó en octubre de ese año vales de alimentos por S/ 1,300 y S/ 1,000 al personal administrativo nombrado y CAS, respectivamente. Hizo lo mismo en diciembre, con la entrega de otros cupones por S/ 84.76 a cada trabajador. Para ello adquirieron vales de consumo por los importes de S/ 275,300 y S/ 19,496, afectando recursos no certificados.
Según la Contraloría, los funcionarios de la Diresa aprobaron una resolución mediante la cual regularizaron una directiva administrativa que autorizó, de manera irregular, dicho beneficio, aun cuando no se acreditó que sea indispensable para el cumplimiento de las labores del personal; es decir, no se justificó su entrega.
Debido a la falta de recursos, solicitaron al Gobierno Regional de Áncash la aprobación de una modificación presupuestal y habilitaron recursos públicos no previstos en el presupuesto institucional del año fiscal 2021, a pesar de estar prohibido por ley.
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Además, se observó que el área usuaria omitió precisar entre las especificaciones técnicas del requerimiento la lista de alimentos, cantidad y sus características; situación que incumple la Ley de Contrataciones del Estado. Dicha omisión no fue observada por el Comité de Selección que terminó por otorgar la buena pro para concretar la distribución de cupones por concepto de alimentación.
Para hacer efectiva la entrega del segundo vale de consumo, en diciembre del 2021, los funcionarios de la Diresa anularon partidas presupuestales de pasajes, gastos de transportes, viáticos y vestuarios, lo que les permitió habilitar un presupuesto de S/ 19,496. En ambos casos, la entidad pagó al proveedor a pesar que no se acreditó la entrega de vales a todos los beneficiarios.