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El Ministerio Público viene realizando una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción en la compra de mascarillas y protectores faciales que realizó la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Santa.
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Denuncia
El representante del tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa, Carlos Roncal Cancino, dispuso iniciar una investigación preliminar por ocho meses en base a la denuncia presentada por el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de Centros Educativos (Sutace) del Santa, Oscar Acebedo Flores.
La denuncia está referida a presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del servicio de “adquisición de mascarillas textiles de uso comunitario y protectores faciales con visor para docentes, personal administrativo y estudiantes de la UGEL Santa”.
La mencionada entidad contrató el año pasado al Consorcio Verlamed y desembolsó S/ 1′053,479 por la entrega de estos implementos de bioseguridad.
El denunciante pidió investigar un presunto direccionamiento en la adjudicación de este servicio por la existencia de un único postor y debido a que la convocatoria y selección se realizó en un solo día.
El contrato se firmó el 26 de abril del año pasado y el proveedor tenía que entregar el 25% de los implementos de bioseguridad 12 días después; no obstante, según la denuncia, la distribución se realizó luego de varias semanas.
También se cuestiona la calidad de los implementos de bioseguridad, y una presunta sobrevaloración de sus costos. De acuerdo a la denuncia, la UGEL Santa pagó S/ 2.98 por cada mascarilla de tela para 336,948 beneficiarios y desembolsó S/ 9.65 por cada protector facial para 6,164 personas.
Al considerar que estos hechos configuran la presunta comisión del delito de colusión, la Fiscalía Anticorrupción ordenó se realice la investigación preliminar por ocho meses. Son considerados como principales involucrados el director de la UGEL Santa, Miguel Arista Cueva, y el representante del Consorcio Verlamed, Edgar López Rosales.
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Responde
En declaraciones a Correo, Arista Cueva aseguró que la adquisición de los implementos de bioseguridad se realizó conforme a ley. Detalló que, en amparo de la normativa, se realizó una compra de emergencia, por lo que rechazó que haya existido alguna colusión.
“Todo se ha hecho de acuerdo a ley, nosotros vamos a dar todas las facilidades para que se investigue”, refirió.
El funcionario dijo desconocer si existió retraso en la entrega de las mascarillas y los protectores faciales. De haberse presentado esta situación, agregó, se deberán aplicar las penalidades al proveedor y realizarse procesos administrativos contra los responsables.
