Un presunto perjuicio económico de 70 mil 560 soles detectaron en la Contraloría General en la Red de Salud de la provincia Huancavelica.

Ello como consecuencia de un pago indebido de bonificación extraordinaria a personal administrativo cuando estos recursos estaban destinados a trabajadores de salud que prestan servicios de alerta y respuesta en el marco del COVID-19.

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Según se puede leer en el Informe de Control Específico N° 017-2021, habrían vulnerado la normativa vigente en el artículo 4 del Decreto de Urgencia N°026-2020, y los artículos 2, 4 y 5 del Decreto Supremo N°184-2020-EF; los mismos que precisan los criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria ante la emergencia sanitaria.

En base a la normativa aplicable, determinaron que entre los beneficiarios consideraron a personal administrativo que no figura en el Registro Nacional del Personal de Salud – INFORHUS, ni en el listado de la Dirección General de Personal de Salud – DIGEP y no laboraban en las áreas diferenciadas del COVID-19, como unidades de cuidados intensivos, hospitalización, entre otros, ni prestaban servicios relacionados (conductores de las ambulancias, equipo de recojo de cadáveres, personal de admisión, limpieza y mantenimiento).

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Los pagos de 720 soles mensuales del bono COVID-19 se efectuaron entre los meses de mayo, junio, julio, agosto, setiembre, y diciembre de 2020 a un total de 98 servidores del sector.

Ante ello, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en 22 funcionarios y servidores públicos, entre los que se encuentran los jefes de diez centros de salud además de la directora y responsable del INFORHUS y miembros del comité evaluador quienes elaboraron la relación de beneficiarios.

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También recomiendan al Procurador Público del Gobierno Regional de Huancavelica iniciar acciones legales contra los involucrados; y al titular de la Red de Salud de Huancavelica efectuar el deslinde de responsabilidades administrativas correspondientes.

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