Ayer, en una sesión extraordinaria del Consejo Regional de Junín, se debatió la vacancia de la vicegobernadora Milagros Inche Arias debido a la contratación de Gabriela Villegas Marcelo, quien sería su concuñada. Gabriela Villegas, bachiller en Ingeniería Ambiental por la Universidad Alas Peruanas, ha logrado contratos con el Gobierno Regional de Junín (GRJ) por un valor de 33 mil soles mediante órdenes de servicio.
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El pedido de vacancia se basaba en posibles actos de nepotismo. Sin embargo, el consejo regional decidió de manera unánime no proceder con la vacancia, argumentando que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no considera el nepotismo como una causal de vacancia en su artículo 30.
Pese a la preocupación por la posible comisión de un delito, el consejo determinó que no había suficiente fundamento legal para proceder con la vacancia.
Durante el debate, surgió la propuesta de trasladar el caso al Ministerio Público para una investigación más profunda. Esta propuesta, sin embargo, no logró el apoyo necesario.
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La mayoría del consejo regional se opuso, con excepción de las consejeros Kelly Flores, Lucero Huamancaja y Hernán Rojas, quienes votaron a favor de trasladar el caso a la fiscalía.
Kelly Flores, una de las consejeras que apoyó la propuesta, manifestó que el Ministerio Público debería tomar el caso de oficio. “Es claro que existe una posición de blindaje en el consejo. Si no había ningún ilícito que el Ministerio Público se pronuncie”, afirmó Flores.La decisión del consejo ha generado suspicacias y críticas, especialmente de aquellos que consideran que la relación familiar entre la vicegobernadora y Gabriela Villegas podría haber influido en la contratación y que se debería investigar más a fondo para garantizar la transparencia y la legalidad de las acciones del GRJ.
Milagros Inche, por su parte, no ha emitido una declaración oficial sobre la decisión del consejo ni sobre las acusaciones de nepotismo. Esta situación deja en evidencia la necesidad de un mayor escrutinio y posiblemente una revisión de las normativas actuales para evitar conflictos de interés y asegurar la correcta administración de los recursos.
