El Congreso de la República aprobó una nueva norma que establece penas de cárcel para quienes arrojen residuos sólidos en ríos, quebradas y otras fuentes naturales de agua, una práctica que por años ha generado graves impactos ambientales y riesgos para la salud pública.La ley N° 32523, publicada en el diario oficial El Peruano, endurece las sanciones y busca frenar una conducta recurrente en diversas regiones del país, incluida Junín.
La modificatoria legal establece penas de entre dos y cuatro años de prisión para el tipo base del delito, y de cuatro a seis años de pena privativa de la libertad cuando el arrojo de residuos se realice con vehículos o en grandes cantidades. De acuerdo con especialistas, esta conducta deja de ser solo una infracción administrativa para convertirse en un delito penal perseguible por el Ministerio Público.
El abogado ambientalista César Ipenza explicó que la norma responde a una problemática histórica. “Gran parte de las autoridades y malos ciudadanos han venido arrojando residuos a los lechos de los ríos, encontrándolos como verdaderos botaderos”, señaló. Añadió que la ley tipifica esta conducta como un delito contra la salud pública, lo que permitirá una intervención más amplia de la fiscalía.
Ipenza remarcó que esta medida puede tener un efecto disuasivo real. “Estamos hablando de penas efectivas de cárcel para quienes, por ejemplo, arrojan residuos con camiones. Esto puede convertirse en un caso emblemático que sirva de ejemplo para evitar que estas malas prácticas continúen”, indicó, al referirse a ríos altamente contaminados como el Mantaro, Cunas y Shullcas.
El especialista precisó que la norma no se limita únicamente a la basura doméstica. “La ley habla de residuos sólidos, lo que permite incluir desmontes sin lugar a dudas”, afirmó, y subrayó que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia penal si logra identificar a los responsables mediante fotos o videos. “Eso puede llevar a una sanción ejemplar”, sostuvo.
Desde el ámbito municipal, el gerente de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jhansell Espinoza, consideró que la ley fortalece la fiscalización ambiental. “Es un buen avance, porque antes solo teníamos sanciones pecuniarias y casi nunca se podía llegar a una denuncia penal”, explicó, tras indicar que ahora los gobiernos locales podrán actuar con mayor respaldo legal.
Espinoza detalló que, hasta antes de esta norma, las multas por arrojar desmontes a los ríos podían llegar al 100 % de una UIT, mientras que por residuos sólidos se aplicaban sanciones menores. “Ahora ya se puede denunciar penalmente a personas naturales, empresas u organizaciones que contaminen nuestras fuentes de agua”, precisó, destacando que la nueva ley permitirá trabajar de manera articulada con la Policía y el Ministerio Público. El funcionario advirtió que en Huancayo los ríos más afectados han sido el Shullcas, Chilca y Florida, zonas que por años han sido degradadas por el arrojo de desmonte.
El subgerente de Fiscalización y Control Ciudadano de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo, Jefry Llacta, también informó que ya se inició un proceso de sensibilización en las riberas de los dos ríos que colindan con el distrito: Mantaro y Cunas. “Estamos imprimiendo banners publicitarios para advertir a la población sobre estas nuevas medidas”, indicó añadiendo que, además de la nueva ley, el distrito cuenta con una ordenanza municipal vigente que contempla multas económicas. “Bajo la ordenanza municipal N.° 013-2020, la sanción por este tipo de infracciones es de dos UIT, y ahora se suma la pena privativa de la libertad de dos a seis años”, señaló, destacando que se trabajará de manera articulada con la Policía del Medio Ambiente y la fiscalía.
Finalmente, el funcionario detalló que las fiscalizaciones se realizan con evidencia audiovisual para sustentar las denuncias penales; también recalcó que lo más recurrente es el arrojo de desmontes de construcción con camiones y que se colocarán los banners informativos en las riberas, como parte de una campaña preventiva y de control.
