Waldemar Cerrón dijo que se deben transparentar resultados de elecciones en Venezuela "sin la intromisión de agentes que puedan direccionar resultados". (Foto: Congreso)
Waldemar Cerrón dijo que se deben transparentar resultados de elecciones en Venezuela "sin la intromisión de agentes que puedan direccionar resultados". (Foto: Congreso)

El congresista Waldemar Cerrón Rojas ha presentado una denuncia penal contra tres magistrados de Junín, acusándolos de prevaricato en el ejercicio de sus funciones. La denuncia, fechada el 29 de octubre de 2024, involucra a la jueza July Eliane Baldeón Quispe y a los fiscales Carlos Rodrigo Mera Palomino y Katia Angélica Hurtado Ames, quienes presuntamente habrían vulnerado derechos fundamentales de su madre Bertha Rojas López.

Cerrón argumenta que Baldeón emitió una resolución que ignoró el artículo 216 del Código Procesal Penal, lo que compromete el debido proceso al no garantizar la presencia de defensores públicos durante los allanamientos. Asimismo, se señala que Hurtado permitió un registro domiciliario sin la debida representación legal, lo que resultó en la vulneración de derechos de su madre.

Esto habría ocurrido durante la ejecución de la medida judicial de allanamiento y registro domiciliario con descerraje, realizada con fecha 18 de octubre de 2024, en el inmueble, ubicado en el Jr. Lima N° 1811, Cajas Chico-Huancayo-Junín en donde ingresaron efectivos policiales y del Ministerio Público registrado sin autorización de Bertha Rojas, quien habría sido apuntada con un arma y sin que estuviera su abogado o un defensor público.

Asimismo, se señala que Hurtado permitió un registro domiciliario sin la debida representación legal, lo que resultó en la vulneración de derechos de la persona afectada.

La situación ha generado un debate sobre la independencia del Poder Judicial y las acciones del Congreso. El fiscal Frank Almanza ha decidido abrir una investigación preliminar que se extenderá por 60 días, citando a los magistrados para declarar el 27 de diciembre, un día después de que lo haga Cerrón. Este caso pone en evidencia las tensiones entre el poder legislativo y judicial.

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