Corte de Justicia de Huánuco contrató a empresa sin experiencia para trabajo en el que joven perdió la vida

Un hecho de sangre tiene en el centro de la noticia a la Corte Superior de Justicia de Huánuco. La muerte de un joven trabajador que acomodaba expedientes judiciales en el Archivo de la institución judicial tiene expectante a la población.

El proyecto de vida del estudiante de Senati, Rafael Acosta Malpartida, se truncó luego que estructuras de fierro y toneladas de documentos lo aplastarán hasta provocarle la muerte; el hecho sucedió al interior del local del Archivo de la Corte de Justicia ubicado en el jirón Los Manglares Lt. 7, en el distrito de Amarilis.

Acosta habría sido contactado por Juan Gregorio Cortez Chaparro (considerado por la Sunat como persona natural con negocio) para que acomode los expedientes judiciales trasladados del local del Archivo ubicado en la avenida Universitaria N° 273 - Pillco Marca, al nuevo local en el distrito de Amarilis, por el pago de S/ 50 al día. Dinero que usaba para apoyar a su madre y costear sus estudios de administración.

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“Encontramos el trabajo por un aviso puesto en el parque Santo Domingo. No tenemos contrato formal, el acuerdo fue de palabra”, sostuvo Gustavo Huaranga Malpartida, joven que sobrevivió al desplome de los andamios y primo de la víctima.

La trágica muerte de Acosta, ha desatado varias interrogantes en torno a las responsabilidades que podría tener la Corte Superior de Justicia de Huánuco y las dos empresas a las que contrató para el trabajo en mención. La familia de la víctima a la fecha sigue esperando una respuesta satisfactoria.

Correo entrevistó al presidente de la CSJHCO, Richard Ninaquispe y al administrador, Jesús Quintana para obtener la versión sobre el caso. Sin embargo, ambos profesionales dieron respuestas genéricas.

El presidente de la Corte, manifestó que el área usuaria (Archivo) solicitó alquilar un nuevo local debido a la carga documentaria que tenían en el antiguo local ubicado en el distrito de Pillco Marca. “Se buscó otro local a pedido del área usuaria. Las empresas fueron contratadas luego de realizarse una invitación a cada una (no se convocó a licitación por el montó de pago)”, refirió el magistrado Ninaquispe.

Sobre la experiencia laboral de ambas empresas, el presidente de la Corte indicó que los detalles técnicos los veía el área de Logística y el área usuaria.

Asimismo, sostuvo que todo es parte de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por lo que no podía adelantar mayor opinión de la que brindó a este medio de comunicación.

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Finalmente, Ninaquispe refirió que los detalles sobre la contratación, el trabajo del personal de la Corporación Pablo E.I.R.L. y del señor Cortez Chaparro nos la daría el administrador de la CSJHCO, por lo que nos indicó que buscáramos a Jesús Quintana.

Ya en la oficina de Quintana, el profesional se lavó las manos y se limitó a indicar que las precisiones técnicas nos la darían en el área usuaria, “el ingeniero Danny Revilla Gálvez y José Angulo Zevallos, personal del Archivo les dará más información”, dijo.

Correo visitó en su oficina a Revilla Gálvez, pero se negó a darnos una entrevista alegando “que no tenía la obligación de hacerlo, ya que es un caso con investigación en curso”.

¿Existen irregularidades en la contratación que realizó la CSJHCO?

La negativa de dar información más precisa del caso, despierta suspicacia ya que al parecer habría más de una irregularidad en el proceso de contrato del señor Juan Gregorio Cortez Chaparro.

Correo detectó que Cortez Chaparro recién se inscribió ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en setiembre, mes en que se llevó a cabo el contrato con la CSJHCO. Asimismo, no registra experiencia laboral, ni cuenta con personal contratado para prestar servicios a terceros. En tanto, su domicilio declarado ante la Sunat, es en San Vicente de Cañete-Lima. A su vez, el 20 de octubre del 2021 se afilió al sistema de emisión electrónica de recibo por honorarios y según el OSCE no registra ningún ningún servicio prestado al Estado. En esa misma línea, Cortez Chaparro no contaba con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Sobre el trabajo que realizó personal de la CSJHCO en el ordenamiento de los expedientes, el presidente de la Corte sostuvo que eso “era una mentira” y que el Sindicato de trabajadores nunca expresó su incomodidad en defensa de sus agremiados. Sin embargo, fuentes de Correo indicaron que un promedio de 15 administrativos ayudó al personal contratado por Cortez. Uno de ellos sería Jim Nerio Solano. Este diario obtuvo una fotografía en el que se ve al personal del sindicato con sus implementos de seguridad, luego que expresarán su malestar por la falta de indumentaria de seguridad laboral.

Por su parte, Defensa Civil de Amarilis indicó que el colapso de los andamios pudo ser a causa de la sobrecarga de estos. “Se ha reafirmado que este almacén se encuentra en proceso de implementación y acondicionamiento y en este acto se encontrado que los anaqueles están colapsados casi en su totalidad, al parecer por falla de sobrecarga y los anaqueles no contaban con el anclaje adecuado”, refiere Defensa Civil en el acta realizada en el lugar del accidente el 3 de noviembre.

Luego que Correo entrevistará a los profesionales de la CSJHCO, la institución de justicia anunció en el diario judicial que formulará denuncia por homicidio culposo contra las dos empresas que contrató para la instalación de dichos anaqueles y el ordenamiento de los archivos judiciales.

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