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El presidente de la Comunidad Campesina de Quicacán-Ambo, Victor Espinoza Rivera, pidió en conferencia de prensa la intervención del presidente de Junta de Fiscales Superiores de Huánuco, Roberto Castillo Velarde, y del presidente de la Corte, Richard Ninaquispe Chávez en dicha localidad, debido a que “estafadores y traficantes de tierra” están vendiendo terrenos que no les pertenecen a incautos compradores.
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informa. Afirmó que el proceso de expropiación del predio Quicacán no ha terminado hasta la fecha porque el Estado no ha pagado el justiprecio al exhacendado, Jorge Thorne Larraburren, por lo tanto los terrenos de Quicacán, Oyón Cauri y Huancahuasi siguen perteneciendo al Ministerio de Agricultura.
También dijo que la reforma agraria en aquellos años se dio para mejorar la expansión agraria y no para hacer urbanizaciones, como lo vienen haciendo los “estafadores” que venden estos terrenos.
En esa medida, indicó que la adjudicación dada por el gobierno regional a los pseudo cooperativistas no sirve, toda vez que no es de su competencia, sino del Ministerio de Agricultura.
“Los traficantes de terrenos nos están arrinconando y todo lo están urbanizando y de donde vamos a vivir los verdaderos agricultores y de manera urgente pedimos el apoyo de las autoridades” aseveró.
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Abogado sospecha que habría mafia organizada
En tanto, Juan Velásquez Huasco, abogado de la comunidad campesina, sostuvo que existe “una mafia en Quicacán que estaría integrado por fiscales, abogados, Sunarp y traficantes de tierra, el cual debe ser investigada por el Ministerio Público y el Poder Judicial porque está haciendo daño a la sociedad huanuqueña”.
En el 2015, la Dirección Regional de Agricultura emitió una resolución adjudicando una parte del terreno de aproximadamente 2 250 hectáreas a favor de 69 feudatarios a favor de la Cooperativa Agraria de Producción Quicacán Limitada No 11, pero esta decisión también es cuestionada por Juan Velásquez, quien indica que dicha cooperativa no existe al haber sido formado con una ley derogada. Dijo que los casos denunciados caen en saco roto en la Fiscalía de Ambo.
