Fiscal pide 6 años de prisión para gobernador de Huánuco Erasmo Fernández y su inhabilitación por 5 años de la función pública

El Ministerio Público ha solicitado la pena privativa de seis años para el gobernador Erasmo Fernández Sixto, además de cinco años de inhabilitación para ejercer función pública; por la presunta comisión del delito de colusión agravada, en su condición de cómplice primario, en agravio de la municipalidad de Pachas, en Huánuco.

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Fernández Sixto, está implicado en un proceso penal que se encuentra en la etapa intermedia a cargo del primer despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Huánuco y el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El caso está relacionado a la construcción de una carretera en el distrito de Pachas, provincia de Dos de Mayo, en el que se desempeñó como residente de obra en el 2015.

El 23 de diciembre del 2020, se formuló la acusación de la fiscal Luz Sánchez Figueroa en contra de Fernández Sixto; posteriormente el fiscal adjunto, Miguel Rojas Mayta, presentó el requerimiento acusatorio ante el referido juzgado, el 5 de enero del 2021, para programar la audiencia de control de acusación y continuar con el proceso. En la actualidad estaría pendiente de pasar a la tercera etapa que es el juicio oral.

Más imputados. Asimismo, la fiscalía incluyó en la denuncia al ex alcalde de Pachas, Urbano Ramos Cabrera; el supervisor de la obra, Julio Rodolfo Meza Meza; el representante del consorcio que ejecutó la obra, Gianfranco Amadeo Noll Zevallos y al presidente del comité de recepción de la obra, Justo Abilio Cárdenas. Para quienes se ha pedido de entre seis a nueve años de cárcel e inhabilitación por cinco años para ejercer cargo público.

Caso. El caso está relacionado a la “Construcción del camino vecinal CC.PP Bellavista, Mariscal Castilla, Huarihuayin, CCPP Irma Chico” en el distrito de Pachas, ejecutado por el Consorcio Bellavista entre los años 2015 y 2016. El proyecto fue adjudicado por un valor de 8 millones 238 mil 591.64 soles, bajo la modalidad de suma alzada con un plazo de ejecución de 300 días. La obra inició el 26 de setiembre 2015.

El documento de la fiscalía anticorrupción expone que el delito se concretó en dos momentos: el primero, involucra a Justo Abilio Cárdenas Presentación (presidente del comité de recepción de la obra), Julio Rodolfo Meza Meza (supervisor), como autores directos; Gianfranco Amadeo Noll Zevallos y Erasmo Alejandro Fernández Sixto, representante del consorcio Bellavista y residente de obra, respectivamente, como cómplices primarios.

Según el fiscal, en el segundo momento, es implicado el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Pachas, Urbano Ramos Cabrera, además de los otros mencionados, como autores de colusión agravada; a consecuencia de la comisión prestación deductivo vinculante y por la liquidación técnico financiera de la obra de inversión pública.

Según la fiscalía, los integrantes de la comisión de recepción de la obra, ejerciendo sus funciones públicas defraudaron al Estado, específicamente a la municipalidad de Pachas, al concertar con el representante del consorcio Bellavista y Fernández Sixto, en el acto de recepción, a pesar de que el proyecto de inversión pública no se encontraba concluido; pues, conforme lo ha establecido el perito ingeniero civil adscrito a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, Gustavo Adolfo Medina y Ávila, la obra presentaba una serie de observaciones y algunas partidas no estaban ejecutadas de acuerdo al expediente técnico.

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Informe. Según el informe pericial, subraya que, entre los trabajos pendientes, se encuentra el no acondicionamiento de depósitos de material excedentes y deficiencias constructivas en la obra; ello, habría irrogado un perjuicio al Estado por la suma de S/102,718.83. Al respecto, es preciso señalar que, el alcalde Urbano Ramos, al aprobar la liquidación técnico financiera de la obra no defendió los intereses de su comuna, ni llevó a cabo una acción de control, pese a ser consciente de que la obra se encontraba inconclusa; además, autorizó la devolución de la carta fianza al consorcio Bellavista por un monto total de S/823,859.64.

Pruebas. Una de las pruebas fehacientes de que la autoridad edil de ese entonces se habría puesto de acuerdo con la empresa para liquidar la obra antes de tiempo, son dos informes emitidos por el jefe del Área de Desarrollo Urbano y Rural, José Alberto Matos Campos, en las cuales advirtió que la obra no se encontraba concluida, pues había deslizamientos de talud, losas de concreto de ingreso y salida de alcantarillas se encuentran erosionadas, entre otros.

Durante la investigación preparatoria, se recopilaron elementos de convicción, como la denuncia penal, del 6 de abril de 2017, suscrito por el regidor Víctor Carlos Martínez Francisco, en el cual describe, entre otras cosas, que el material de corte habría sido eliminado adecuadamente, es decir, no habrían sido trasladados a los botaderos, sino más bien eliminado talud abajo e todo el camino.

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