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Para mayo del 2023 ha sido reprogramado el inicio de juicio oral seguido contra el exalcalde de Huánuco, Jesús ‘Koko’ Giles Alipázaga y otros 25 personas entre exfuncionarios y exregidores involucrados en entrega del terreno de parque Puelles a una empresa privada por 70 años, en el 2012.
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El electo regidor de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Joel Arteaga Calixto, es uno de los investigados en este caso que viene desde el 2012. La Fiscalía ha solicitado cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad e inhabilitación de dos años para él y los demás involucrados para ejercer cargo público.
Joel Arteaga, en su condición de regidor ( 2011-2014), al igual que sus colegas Clever Zevallos Fretel, Cecinio Rojas Salcedo, Gustavo Barrera Sulca, Ricardo Morales Rosales, Oscar Ortiz de Zevallos Triveño, Elena Patricia Follegate Runco, Jorge Pimentel y Wong, César Gonzáles Soto, Carlos Malpartida Márquez, Alicia Espinoza Rojas, Juan Ollague Rojas, Joel Arteaga Calixto y Cecilia Ríos Salazar en el 2012 votó a favor de cambio de uso del parque Puelles para ser entregado en cesión de uso por 70 años favor de la empresa Urbi Propiedades S.A. donde actualmente funciona el centro comercial Real Plaza.
De igual manera, en la investigación se encuentran comprendidos el exalcalde Jesús ‘Koko’ Giles Alipázaga y los exfuncionarios de su gestión Emilio Ruiz Moncada, Vladimir Cruz Picón, Kevin Dueñas Carbajal, Franco Liyanaje Alva, Dante Salas Castro, Clever Castañeda Ramón, Edilberto Ramón Álvarez, Javier Dávila Figueroa, Tomislavo Zécevich Acosta, Napoleón Huere Rosas e Ivan Nuñez Barboza.
Todos ellos son acusados como presuntos autores de la comisión de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Además, a todos los acusados, les imputan haberse interesado indebidamente y de manera directa en el proceso desarrollado por la Municipalidad de Huánuco ante la iniciativa de inversión presentada por Urbi Propiedades en el 2010.
La investigación fue hecha por el fiscal anticorrupción Virgilio Iván Carrión Cabrera, quien indica en la carpeta fiscal hubo interés de los acusados para entregar el terreno a la empresa privada de manera directa sin ningún tipo de negociación.
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