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La Fiscalía Superior Mixta de Leoncio Prado logró confirmación de cadena perpetua impuesta contra Marco Soto, por el delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de su propia hija, quien tenía 11 años al momento de los hechos.
La condena, además, establece el pago de S/ 25 000 por concepto de reparación civil y dispone que la menor reciba tratamiento psicológico especializado y gratuito a través del Ministerio de Salud, como parte de las medidas orientadas a su recuperación integral.
SUSTENTÓ LA ACUSACIÓN
En primera instancia, la fiscal adjunta provincial, Rosa Chacón Presentación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, sustentó la acusación con diversos elementos probatorios, entre ellos pericias médico-legales, evaluaciones psicológicas, declaración de la menor en Cámara Gesell e inspecciones fiscales, que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.
Durante el proceso de apelación, la fiscal adjunta superior, Marilyn Caballero Baldoceda, defendió la sentencia y rebatió los argumentos planteados por la defensa. La representante del Ministerio Público sostuvo la solidez de la declaración de la agraviada, respaldada por los resultados de las evaluaciones médicas y psicológicas.
ENTRE ENERO Y FEBRERO DE 2021
Los hechos ocurrieron entre enero y febrero de 2021, en el domicilio familiar ubicado en el caserío Capitán Soto, distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado. El sentenciado habría aprovechado momentos en los que la menor se encontraba sin la presencia de otros adultos para ingresar a su habitación y cometer el abuso sexual, además de amenazarla para que no revelara lo sucedido.
El caso fue descubierto meses después, cuando, tras una intervención de las autoridades de protección debido a situaciones de maltrato familiar, la menor fue trasladada al Centro de Acogida Residencial (CAR) del INABIF en Tingo María. Posteriormente, al presentar dolores pélvicos, reveló ante el personal médico y psicológico los hechos de violencia sexual.
Las evaluaciones médico-legales y psicológicas permitieron aportar elementos relevantes para el esclarecimiento del caso y sustentar la acusación fiscal que finalmente derivó en la máxima sanción penal.
Finalmente, el colegiado superior declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la condena de cadena perpetua, reafirmando la responsabilidad penal del sentenciado.
