Los jueces de la Sala Mixta Supraprovincial de Leoncio Prado, confirmaron los doce meses de prisión preventiva contra David Manzur Matías Soto, Alfredo Cruz Ponce, Roiser Pérez Escola, Kremlin Jordan Pozo Vigilio, detenidos el 12 de agosto del 2023 cuando transportaban armas de fuego, en el caserío de Pumahuasi, distrito Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio Prado.
Los investigados junto a Emerson Huaranga Ponce viajaban en el automóvil de placa F42-243, marca Kia, cuando fueron intervenidos por policías de Tingo María. En el vehículo, los efectivos hallaron tres pistolas, un revólver y 23 municiones, las cuales estaban acondicionados debajo de los asientos delanteros y posterior del vehículo.
Cada uno se defiende
En su declaración, David Mansur manifestó que sus pasajeros comentaron que iban a realizar “una chambita, que quitarían droga y 100 mil dólares en Boquerón». Los investigados cumplen prisión preventiva por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de transporte ilegal de armas de fuego.
En la audiencia de apelación, el conductor dijo que viajaba a comprar motocicleta de segunda y que no sabía que sus pasajeros llevaban armas, porque él no los revisa. Mientras que Kremlin Pozo indicó que se dirigía a trabajar en la cosecha de café y plátano, que debajo de su asiento no encontraron nada.
Roiser Pérez, a su vez, respondió que no estaba llevando armas y que desconocía la procedencia de estas. En tanto el abogado de Alfredo Cruz Ponce dijo que su patrocinado —que se dedica a la compra y venta de ají— se dirigía a la ciudad de Aguaytía y al momento de la intervención viajaba en el asiento del copiloto, debajo del cual se encontró un arma.
En el caso del encarcelado Emerson Alex Huaranga Ponce, sobrino de Alfredo, su defensa presentó apelación fuera del plazo.
El conductor declaró haber sido contratado por un sujeto al que conoce como “Pinocho” quien llegó a su encuentro con dos de los investigados que se sentaron en el asiento posterior y los otros dos subieron en otros puntos. Que ofrecieron pagarle la suma de 200 dólares
Aunque los abogados cuestionaron la resolución del juez de primera instancia sosteniendo que no existen elementos de convicción, que se vulneró los derechos de sus patrocinados, entre otros argumentos, para los jueces superiores el acta de intervención es un elemento de convicción contundente que los vincula con el delito.
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