Policía detiene a joven y decomisa marihuana durante operativo en Huánuco
Una vez más la Dirección Regional de Agricultura (DRA) está en el ojo de la tormenta. Esta vez pagó más de S/ 345 mil por capacitaciones dirigidas a agricultores que nunca realizaron. Así lo revela una auditoría de la Contraloría al proyecto Té Verde, que además identifica presunta responsabilidad penal en varios funcionarios de la entidad.
PROVEEDORES QUE NO CUMPLÍAN REQUISITOS
Para la ejecución de estas actividades, DRA contrató —mediante procesos irregulares— a proveedores que no cumplían con los requisitos establecidos. Con el fin de justificar los servicios y viabilizar el pago, incluso habrían falsificado firmas, entre ellas, las de personas fallecidas. Estas irregularidades fueron registraron a fines de 2023.
Según el informe, el coordinador Tolomeo Justo Jacinto, la supervisora del proyecto Té Verde, Juana Bermúdez Armas, y el director de Extensión Agraria, Édgar Sabino Norabuena, evaluaron, validaron y emitieron conformidad a los servicios de capacitación de doce proveedores; sin embargo, ha sido evidenciado que estos no cumplieron con ejecutar la prestación del servicio.
MUCHOS COBRAN POR UN SOLO SERVICIO
Para la Contraloría, los funcionarios permitieron que doce proveedores cobren S/ 28 mil cada uno por un mismo servicio de capacitación. Esta fragmentación habría sido utilizada como estrategia para evitar una contratación por un monto mayor que obligara a realizar un proceso de licitación pública.
Cinco de los doce proveedores (Abel Ramírez Tello, Gerónimo Teobaldo Alcedo Timoteo, Anselmo Salvador Enciso Paredes, Nixon Sayed Peña Calero y Lesly Disely Ugaz Fernández) no cumplían con los términos de referencia exigidos para brindar el servicio.
LOS MUERTOS COBRAN VIDA, TODO PARA ROBAR
También, detectaron que algunos supuestos capacitadores sustentaron sus informes con firmas de personas fallecidas. Por ejemplo, Abel Ramírez Tello consignó como beneficiarios a Rubin Dorichs Gonzales Saravia y Candelario Alejo Isidro, quienes ya habían fallecido.
Otros presuntos beneficiarios declararon posteriormente que nunca recibieron capacitación alguna en el marco del proyecto Té Verde de la Dirección Regional de Agricultura.
Asimismo, varios proveedores presentaron las mismas fotografías en sus informes como sustento de sus actividades. Pese a estas evidencias, los funcionarios validaron la documentación, permitiendo el desembolso de más de S/ 300 mil.
RESPONSABILIDAD PENAL
La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en Édgar Sabino Norabuena; Jessica Jara Venturo, jefa de Adquisiciones; Emiliana Espinoza Grados, jefa de Logística; así como en miembros del comité de selección, entre otros.
En tanto, al entonces director de Agricultura, Yarushel Valenzuela Segura, gente de confianza del gobernador Pulgar, le atribuyeron únicamente responsabilidad administrativa.
Actualmente, Valenzuela mantiene cercanía con la gestión del gobernador Antonio Pulgar y se desempeña como director regional de Producción.
