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Tres adolescentes involucrados en el asesinato del empresario de mariposario Cristian Simón fueron sentenciados a seis años de internamiento efectivo, como resultado de las acciones emprendidas por la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Leoncio Prado.
La medida socioeducativa fue conseguida por el despacho liderado por la fiscal provincial Rosa Amelia Coral Reyna y su equipo de trabajo, quienes lograron que se dicte el internamiento por seis años contra los adolescentes identificados con las iniciales M.V. (17), M.M. (16) y A.S. (16).
Las acciones fiscales permitieron conducir las diligencias preliminares, sostener la acusación y fundamentar el recurso que consolidó la acción de la justicia.
HOMICIDIO CALIFICADO
Los menores fueron hallados responsables de las infracciones de homicidio calificado y robo agravado en agravio de quien en vida fue Cristian Simón, así como de Precilia Sumaran y de los representantes de DOVF Simon Ayra.
Los hechos ocurrieron el 14 de febrero de 2026 en la ciudad de Tingo María, cuando los entonces menores de edad atentaron contra la vida del reconocido empresario local. Tras el crimen, las autoridades realizaron una inmediata intervención que permitió la captura de los implicados el mismo día de los hechos.
SANCIÓN MÁXIMA
Luego de evaluar el requerimiento fiscal, la fundamentación técnica y los elementos probatorios presentados por el despacho, se ratificó la sanción máxima de seis años de internamiento efectivo para los adolescentes. La medida socioeducativa se cumple actualmente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa.
Asimismo, el fallo fijó una reparación civil de S/ 60,000 por el delito de homicidio calificado por lucro, monto que deberá ser pagado de manera solidaria por los padres de los adolescentes a favor de los herederos legales del empresario.
Por el delito de robo agravado, también se dispuso el pago solidario de S/ 20,000 a favor de la conviviente de la víctima, con el objetivo de resarcir el perjuicio económico ocasionado a ella y a sus dos menores hijos.
Respecto al estado actual del proceso, la fiscal provincial Rosa Amelia Coral Reyna interpuso un recurso de apelación contra el extremo de la sentencia que aplicó la absorción de penas, fijando únicamente seis años de internamiento.
La Fiscalía sostiene que esta decisión vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el debido proceso, por lo que solicita que la resolución sea revocada y se aplique la sumatoria de los años de internamiento por cada delito cometido, y no únicamente la pena más grave.
