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Diversas irregularidades fueron detectadas en la construcción del puente Auchi–Ushumayopampa, ubicado en los distritos de Umari y Molino, provincia de Pachitea, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 1 165 466 a la Municipalidad Provincial de Pachitea y que la obra actualmente se encuentre abandonada e inutilizable.
La Contraloría General de la República, (evaluado del 5 de marzo de 2020 al 23 de diciembre 2022) reveló que el puente se construyó en un terreno que no contaba con libre disponibilidad física ni legal. A pesar de que la estructura principal constituida por losa, vigas y estribos está concluida, la obra presenta un desnivel aproximado de cinco metros, que impide su uso. Los accesos proyectados resultan insuficientes para salvar el desnivel existente, especialmente en el lado de la localidad de Ushumayopampa.
En mayo de 2021 la municipalidad aprobó el expediente técnico sin cumplir requisitos fundamentales. El documento carecía de la libre disponibilidad del terreno y varios estudios técnicos, como los de estructuras, geología y geotecnia que no contaban con la firma de los profesionales responsables.
Además, algunos estudios fueron elaborados sin el equipo técnico exigido en los términos de referencia. Pese a estas observaciones, la entidad pagó al consultor y al evaluador del expediente.
En setiembre de 2021 se inició la ejecución del puente bajo la modalidad de administración directa. Sin embargo, en diciembre de 2022, la obra quedó paralizada y desde entonces está abandonada. La falta de disponibilidad de los terrenos necesarios para la construcción de los accesos y que colindan con zonas agrícolas, imposibilita su utilización como vías de acceso.
La obra demandó una inversión de S/ 1 121 466 y no cumplió su finalidad pública ni contribuyó al cierre de brechas de conectividad afectando directamente a 520 beneficiarios de ambas localidades.
Por estos hechos, Contraloría determinó presunta responsabilidad penal y civil en cuatro exfuncionarios de la municipalidad y recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes.
