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El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Luis Acharte, fue condenado como autor del delito de omisión de actos funcionales, en agravio del Estado – Ministerio del Interior, sentencia lograda por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a cargo del fiscal provincial Milton Edgardo Jiménez Bonilla.
Según la investigación fiscal, los hechos se remontan al 8 de julio de 2024, cuando el efectivo policial, que prestaba servicios en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Leoncio Prado, recibió una denuncia presentada por una ciudadana por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio. A pesar de existir una disposición fiscal que ordenaba la realización de diligencias preliminares, el investigado incumplió con ejecutar las acciones requeridas dentro del plazo legal y tampoco remitió el informe policial correspondiente al Ministerio Público.
DIJO QUE LA DENUNCIA SE PERDIÓ
Las pesquisas determinaron que, ante los reiterados requerimientos para la devolución de los actuados, el suboficial informó que la denuncia se había extraviado. Sin embargo, la omisión se prolongó durante más de un año, excediendo ampliamente el plazo de 60 días previsto en el Código Procesal Penal para la realización de diligencias preliminares. Esta situación afectó el normal funcionamiento de la administración pública y retrasó la actuación oportuna de la justicia.
Durante el proceso, el Ministerio Público acreditó que entre la recepción de la denuncia y la remisión del informe policial transcurrieron aproximadamente 425 días, periodo en el que no se ejecutaron oportunamente las diligencias dispuestas por la autoridad fiscal.
Como resultado de un proceso de terminación anticipada, el Poder Judicial aprobó la sentencia conformada e impuso al acusado una pena de un año y veinte días de privación de libertad. Asimismo, se le condenó al pago de 40 días multa, equivalentes a S/ 1200, y al abono de S/ 1667 por concepto de reparación civil a favor del Estado – Policía Nacional del Perú.
Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirma su compromiso de investigar y sancionar las conductas que vulneran la correcta administración pública, promoviendo el respeto al ordenamiento jurídico y la responsabilidad funcional de los servidores públicos en beneficio de la ciudadanía.
