Una masiva convocatoria tuvo el Foro Público “La importancia de la Debida Diligencia para mejorar el trabajo y Proteger el Medio Ambiente”, donde especialistas explicaron sobre las políticas que garantizan la protección de los derechos humanos. Participaron trabajadores de la región Ica organizados en sindicatos del agro, mineras, pesca, y trabajadores no organizados del sector textil, y otros vinculadas a la actividad extractiva.
Derechos de trabajadores
La actividad organizada por Codeh Ica en conjunto con el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad, se informó sobre el marco internacional de empresas y Derechos Humanos, y la Debida Diligencia desde la perspectiva de las empresas. La primera exposición estuvo a cargo de Enrique Fernández-Maldonado de Perú Equidad.
Señaló que las organizaciones sociales sindicales en Europa, exigen a los gobiernos la implementación de políticas públicas que promuevan el cumplimento de los derechos humanos en las empresas. En países como Alemania, Francia, Noruega, Países Bajos y otros, se aplica la normativa de la Unión Europea, donde las empresas tienen la obligación de prevenir los impactos negativos reales o potenciales sobre derechos humanos y ambientales, proteger a los titulares de derechos, y remediar y mitigar el impacto negativo que no pueda ser evitado, pero que estos no queden impunes.
“Este trabajo que viene vinculado con leyes en la unión europea se le ha llamado Debida Diligencia. El derecho a la libertad de trato y no discriminación, libertad de asociación y negociación colectiva, al no trabajo forzoso y evitar el trabajo infantil, a un pago, y las empresas deben evitar los impactos negativos sobre estos derechos”, dijo.
Sostuvo que en la actividad hubo múltiples intervenciones de trabajadores de fundos agrícolas, quienes expusieron que Sunafil no estaría cumpliendo su rol fiscalizador. Esto se debería a la falta de inspectores, brecha en Recursos Humanos, logística y presupuesto para la institución de control. “El Estado debe dotar de recursos a las instituciones fiscalizadoras para el cumplimento de la norma, muchas veces las multas de Sunafil se judicializan y se debe fortalecer la capacidad tutelar del Estado con los derechos humanos”, indicó.
Avanzan en ley
Por su parte, Paskal Vandenbussche expuso sobre “Hacia la Debida Diligencia”, en el evento con amplia participación de los trabajadores sindicalizados, líderes comunales, agricultoras y población organizada de la región.
“El Gobierno tiene la obligación de remediar y reparar el daño, pero las empresas tienen la misma obligación, ya sea por las vías judiciales o extrajudiciales, cuando ocurran abusos y/o daños causados por unos y otros a través de sus omisiones o acciones, directas o indirectas”, señaló.
Explicó sobre los 31 principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que fue aprobado el 16 de junio del 2011 por el consejo de derechos humanos de las naciones unidas y es la primera norma mundial para prevenir y abordar el riesgo de impactos adversos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial.
El especialista dijo que, para muchas empresas, el término “riesgo” significa principalmente riesgo financiero, de mercado, operativo y otros, pero solo para la empresa. Dio a conocer que la Debida Diligencia es preventiva, implica múltiples procesos y objetivos, un proceso de priorización (basado en el riesgo) es dinámica y otros. “La sindicalización en el Perú es 5 de cada 100 personas y en Ica son 2 de cada 100 personas, entonces con ese nivel bajo, se dan las condiciones para que el Estado no cumpla con sus funcione y algunas empresas abusen contra sus trabajadores. Por ello, se trabaja para una ley de la Debida Diligencia. No solo el Congreso y el Gobierno tiene el poder para proponer leyes, sino todos nosotros también podemos hacerlo”, agregó.
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