El Segundo Equipo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga, a cargo del Fiscal Provincial Juan Carlos Ames Blas y con la sustentación del caso a cargo de la Fiscal Adjunta Provincial Irma Yeniser Huamán Cuba, logró que se imponga sentencia condenatoria de cadena perpetua y 33 años de pena privativa de libertad contra Wilson Pérez Rodríguez y Jhonatan Elías Mancilla Solier, respectivamente, tras ser hallados responsables del delito de robo agravado con subsecuente muerte, en agravio de Víctor Emilio Gonzales Alca, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH).
Homicidio en la zona
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 10 de agosto de 2018, cuando la víctima, quien realizaba servicio de taxi, fue abordada por los sentenciados en el distrito de Ayacucho. Ambos habían salido a libar licor y, en ese contexto, planificaron el robo de un vehículo con la finalidad de venderlo posteriormente.
El agraviado conducía un vehículo de color negro cuando fue contratado para una carrera con destino al asentamiento humano Mollepata. Durante el trayecto, los falsos pasajeros ejecutaron su plan criminal. Con la finalidad de apropiarse del vehículo, ejercieron violencia contra la víctima: mientras uno de ellos lo sujetaba, Pérez Rodríguez lo atacó con un cuchillo de cocina, asestándole 28 puñaladas en el cuello, tórax y cabeza, ocasionándole la muerte.
Consumado el hecho, los sentenciados se apoderaron ilegítimamente del vehículo y trasladaron el cuerpo hasta el lugar denominado Ccuella Ccocha, distrito de Socos, donde lo enterraron para ocultar el crimen. Posteriormente, se dirigieron al río Huatatas para lavar la unidad vehicular. En esas circunstancias fueron sorprendidos por el propietario del automóvil y otras personas, huyendo raudamente.
Durante las diligencias se hallaron elementos probatorios determinantes, entre ellos el teléfono celular de uno de los sentenciados al interior del vehículo y herramientas con manchas pardo rojizas compatibles con sangre.
Luego de permanecer más de siete años prófugos de la justicia, los asaltantes fueron sometidos a juicio oral, donde el Ministerio Público logró acreditar su responsabilidad penal, obteniendo una de las máximas sanciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico para este tipo de delitos.
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