La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) de Ica ordenó la suspensión preventiva por seis meses del juez supernumerario Luis Antonio Balbuena Carrasco, quien se desempeñaba en el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chincha, al existir indicios de una presunta conducta disfuncional relacionada con el ejercicio de su función jurisdiccional.
Medida de control
De acuerdo con la resolución emitida por la ODANC de Ica, el juez es investigado por haber dejado sin efecto órdenes de captura que habían sido dictadas en cumplimiento de una sentencia condenatoria firme, una actuación que de confirmarse, habría supuesto el desconocimiento de decisiones judiciales que ya habían adquirido carácter definitivo.
La oficina de control señaló que el magistrado habría contravenido de manera presuntamente flagrante el principio de preclusión, que impide reabrir etapas procesales ya concluidas, así como el principio de jerarquía procesal, al adoptar decisiones que habrían afectado resoluciones previamente firmes. Según la investigación, estas actuaciones podrían haber generado una vulneración de derechos fundamentales y de las garantías que integran el debido proceso.
Asimismo, la ODANC sostiene que la conducta atribuida al magistrado podría implicar el incumplimiento de deberes funcionales vinculados a la obligación de impartir justicia con razonabilidad, respetar las garantías procesales y atender diligentemente las responsabilidades propias del despacho judicial a su cargo.
Se indicó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno del Poder Judicial y asegurar que los jueces ejerzan sus funciones dentro de los límites establecidos por la ley y los principios que rigen la actividad jurisdiccional.
La información fue dada a conocer por la jefa de la ODANC de Ica, Mary Luz del Carpio Muñoz, quien reafirmó el compromiso de la institución con la fiscalización de la conducta funcional de magistrados y servidores judiciales, así como con la adopción de medidas frente a presuntas irregularidades que puedan afectar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
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