El jefe de la Oficina Defensorial del Pueblo en la región Ica, Jorge Hernández Velarde, señaló que existe una lenta gestión en el cambio de contrato de la modalidad CAS COVID a CAS Regular, que podría afectar la prestación del servicio de Salud en distintos hospitales y postas de la región, por la tardía emisión de disposiciones, pese a los requerimientos de la institución.
Sector Salud
“Se establece hasta el 19 de agosto para que las entidades puedan cumplir con una serie de requisitos y lo otro que señala el Minsa es que las unidades ejecutoras con sus propios recursos deben solventar las remuneraciones del personal, pero en la práctica no es viable, es decir los hospitales no van a contar con recursos suficientes para poder seguir contratando a este personal, por lo tanto, el presupuesto debe prevenir del Ministerio de Economía y Finanzas”, declaró.
Indicó que la preocupación de la institución se da en el marco de la cuarta ola por la COVID-19, la crítica infraestructura que presentan los centros de salud y la brecha de falta de recurso humano, que debe ser garantizada en un contexto de la emergencia sanitaria y además para la atención de otros problemas de salud y enfermedades crónicas de los pacientes.
Al ser consultado sobre el personal CAS COVID, que denunciaron que en el Hospital Regional de Ica no se les admitía la documentación para su reincorporación a puestos de trabajo, sostuvo que no se ha recibido información sobre el caso.