En la provincia de Nasca, en la región Ica, un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió intervenir a un sujeto y descubrir un inmueble que sería utilizado como presunto centro de fabricación y almacenamiento de material explosivo, en un contexto marcado por el avance de la minería ilegal y actividades vinculadas a bandas criminales.
Arsenal de explosivos
La acción se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad 2026-2028. Durante el patrullaje, agentes policiales detectaron a un individuo que portaba al parecer un arma de fuego. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó huir hacia un inmueble cercano, siendo finalmente reducido en el interior del mismo tras una rápida intervención.
El intervenido fue identificado como el ciudadano de iniciales K. H. B., de 19 años de edad. Durante el registro personal, se le encontró en su poder una réplica de pistola, tres celulares y otros objetos, lo que motivó la ampliación de las diligencias en el inmueble al que había ingresado.

En el interior de la vivienda, los agentes realizaron un hallazgo de gran magnitud: hasta 4020 cartuchos de dinamita, 120 detonadores, 167 cajas de cartón para envasado del fulminante, así como una gran cantidad de envoltorios plastificados de color amarillo con la inscripción “FAMESA EMULNOR 5000”, utilizados para el envasado de masa explosiva. Además, se incautaron sustancias explosivas consistentes en aproximadamente 73 bolsas de emulsión explosiva de 20 kilogramos cada una.


El registro también permitió identificar herramientas destinadas al ensamblaje de explosivos, entre ellas una prensa metálica manual artesanal y una máquina eléctrica casera para el sellado de cartuchos. A ello se suman dos motos lineales de color negro, de las marcas Ronco y CDI (Advance), que habrían sido utilizadas para el transporte de los materiales.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el inmueble sería utilizado como un presunto centro de fabricación de material explosivo. Por este motivo, se coordinó con personal especializado en desactivación de explosivos (UDEX) y con el Ministerio Público, a fin de asegurar la correcta manipulación del material incautado y continuar con las diligencias correspondientes.
Las autoridades presumen que los explosivos estaban destinados tanto a la minería ilegal como a actividades delictivas de organizaciones criminales que operan en la zona. No se descarta que parte de este material haya sido utilizado o destinado para fines extorsivos.


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